El Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas cuestionó hoy al Estado venezolano debido a las alegaciones de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y violaciones a los estándares de prevención de tortura, formuladas por la ONG de DDHH del país.
Desde hace 12 años Venezuela no comparecía ante el Comité contra la Tortura de la ONU. Esta instancia evaluará, en el marco de 53 período de sesiones, si el Estado venezolano cumple o no con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Este 06.11.2014 una delegación de las organizaciones Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Civilis Derechos Humanos, Espacio Público, y el Programa Venezolano de Educación–Acción en Derechos Humanos (Provea), presentó un Informe Alternativo al que presentó el Estado venezolano ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas.
El documento recoge, entre otros aspectos, las amenazas a los avances en materia de derechos humanos alcanzados en la Constitución Nacional, los peligros y efectos negativos de la creciente militarización de las políticas de seguridad ciudadana en el país y la actuación de grupos parapoliciales y paramilitares, el incremento en el número de situaciones donde los cuerpos armados del Estado violaron los estándares sobre uso proporcional y diferenciado de la fuerza, y el afianzamiento de la criminalización de la protesta social y la grave crisis en materia carcelaria en Venezuela. En referencia a las manifestaciones realizadas entre los meses de febrero y junio, el Informe señala que las mismas fueron reprimidas con una respuesta principalmente militar, por parte de funcionarios no capacitados para el control del orden público.
EL INFORME COMPLETO PUEDE SER CONSULTADO AQUÍ
Preguntas de los Expertos del Comité al Estado venezolano
Los expertos del Comité contra la tortura formularon hoy sus preguntas a la delegación del Estado venezolano. Estos cuestionamientos deberán ser respondidos este 07.11.2014 por los representantes del Estado en una sesión que se realizará en horas de la mañana. Este evento puede ser visto accediendo a esta dirección: http://www.treatybodywebcast.org/treaty-body-webcast-ii/
Algunas de las preguntas formuladas por los expertos del Comité fueron:
– Sobre torturas y tratos crueles registradas en las manifestaciones realizadas entre febrero y junio 2014
Sobre este punto, los expertos del Comité dijeron tener información que los detenidos fueron incomunicados, amenazados de ser violados y se les impidió acceder a un médico, a un abogado o informar a sus familiares. Los expertos preguntaron a la delegación del Estado qué medidas se estaban adoptando para salvaguardar los derechos de los detenidos y garantizar el respeto a los estándares de prevención de tortura.
En la ronda de preguntas se hizo referencia a lo señalado por la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, en cuanto a que el Ministerio Público estaba adelantando 183 investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos contra los detenidos, incluyendo dos casos de tortura y 156 casos de malos tratos. Se le requirió al Estado información sobre cuántas quejas y denuncias por torturas o malos tratos vinculadas a las manifestaciones realizadas ha recibido, y en cuántas se han adelantado las investigaciones y sanciones a los responsables.
En el caso de Marvinia Jiménez, golpeada y detenida por la Guardia Nacional Bolivariana en febrero de 2014, los expertos del Comité Contra la Tortura cuestionaron que la funcionaria responsable de las agresiones continúe en libertad, pese a que existe una orden de detención en su contra. El Comité solicitó al Estado que responda por qué no esta detenida esta persona.
– Grupos paramilitares
Los expertos del Comité contra la Tortura preguntaron a la delegación del Estado venezolano cuál es la postura del gobierno respecto a los grupos paramilitares que actúan al margen de la ley, pero que posiblemente sean promovidos y operen en coordinación con cuerpos de seguridad del Estado.
Militarización
La experta Marroquí cuestionó la militarización de las estrategias de seguridad ciudadana. ¿Están en estado de excepción o de emergencia que les imponga utilizar las milicias y el ejército para mantener la ley?. No basta la policía?, preguntó.
Hacinamiento carcelario
Los expertos de China e Italia solicitaron información al Estado sobre la situación de las cárceles del país.
¿Cuál es la situación actual de hacinamiento carcelario?. «En febrero de 2014 el hacinamiento promedio era de 231%, el espacio que deben ocupar 100 presos, lo ocupan en la realidad 251 presos. El ejemplo más claro es el de la cárcel de Tocorón, construida para albergar 750 presos y en 2013 albergaba a 7000 presos, eso es una tragedia, esto ya no es mero hacinamiento», dijo Alessio Bruni, miembro del Comité contra la Tortura.
– Caso Afiuni
«Me he mostrado muy impresionado por el caso de la Juez Afiuni. He de decir que es la primera vez que veo un caso semejante de un Juez que no solo es objeto de agresiones sino que también es encarcelado por haber dictado un acto jusrisdiccional en el ejercico de sus funciones», dijo Abdoulaye Gaye (Senegal) miembro del Comité contra la Tortura.
«Si esto le ha sucedido a un Juez, los demás jueces también sufrirán las consecuencias. No debemos taparnos los ojos. Sin garantías para los jueces no puedes haber estado de derecho», puntualizó el experto.
La experta marroquí añadió «no estamos siguiendo la lógica del Estado de derecho, cuando el juez no tiene seguridad resulta difícil concebir que haya estado de derecho.»
– Caso Leopoldo López
Al respecto la experta Felice Gaer dijo, «La prohibición de la tortura tiene lugar en todas las circunstancias y no hay casos excepcionales que la justifiquen. Entendemos que el señor López esta siendo incomunicado desde su detención inicial. Esto ha sido documentado. Él y otros presos han sido objeto de ataques arbitrarios, se les han negado visitas de familiares. Para este Comité esa situación puede constituir maltrato o tortura.»
Gaer también señaló: «Según las cifras oficiales en los nueve años transcurridos desde el 2003 hasta el 2011, solo 12 funcionarios han sido sancionados por actos de tortura y 127 por causar lesiones, esto es una proporción muy pequeña frente a los 9000 casos de torturas denunciados por las ONG en el mismo período. ¿Qué acciones está tomando el Estado para combatir los niveles de impunidad para asegurarse que todas las víctimas tengan derecho a la justicia y la reparación, que tipo de sanciones están previstas para los violadores de derechos humanos?».
Todos los expertos coincidieron en solicitar a Venezuela que le sea extendida una invitación al Relator contra la Tortura de la Organización de Naciones, y reprocharon que se le haya negado dicha solicitud a otros 8 Relatores Especiales. (Prensa Provea, 06.2014)
