Por medio de sus visitas, informes temáticos, y el trabajo de casos y de sus relatorías, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «ha contribuido (…) a la disminución de la impunidad y a la protección de los sectores más vulnerables de la región, así como también (…) en el establecimiento de pautas y principios para el mejoramiento de los derechos civiles y políticos».
La afirmación la realizó la presidenta del organismo hemisférico, la venezolana Luz Patricia Mejías, durante el discurso que esta semana ofreció ante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, con motivo del 50 aniversario de la CIDH.
Lo señalado por Mejías contrasta con la posición mantenida por el Gobierno venezolano, quien sistemáticamente ha venido rechazando la posibilidad de que la instancia multilateral venga al país, para constatar in situ la situación de los derechos humanos y verificar si se ha producido alguna mejoría desde su último viaje, en mayo de 2002.
Organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y más recientemente un grupo de estudiantes, quienes hasta una huelga de hambre protagonizaron a las puertas de la legación de la OEA, han reclamado el Ejecutivo que permita la visita de la CIDH, pero éste justifica su negativa alegando que ese organismo respaldó el golpe de 2002. No obstante, la instancia emitió por esos días dos comunicados en los que condenó la ruptura del hilo constitucional.
Mejías, por su parte, en su discurso, reconoció que la Comisión «jugó un rol fundamental» durante las dictaduras que asolaron a Latinoamérica en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, al denunciar «lo ocurrido».
Demostración de su utilidad
El golpe en Honduras y la enérgica reacción de la OEA es, a juicio de Mejías, demostración de la necesidad que tiene la región de los sistemas de protección de derechos humanos y de fortalecimiento democrático que viene impulsando ese organismo. En los últimos años el presidente Hugo Chávez ha amenazado en reiteradas ocasiones con abandonar la OEA y en diciembre pasado el Tribunal Supremo incluso llegó a solicitarle que se retire de la Corte Interamericana, por considerar que la orden que le dio para que incorporara a tres jueces, que destituyó en 2003, violaba la Convención Americana.
Juan Francisco Alonso
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