Vladimir Aguilar es un abogado especializado en derecho indígena que cuenta con respeto y admiración por parte de las comunidades originarias del país, con las que trabaja estrechamente. Además de politólogo y doctor en Estudios del Desarrollo, es director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, con quien conversamos a propósito de celebrarse este 9 de agosto otro Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
-¿Cuál es el balance sobre la situación de las comunidades originarias en nuestro país?
– El balance es pesimista, a pesar de todos los avances que en materia normativa y legislativa se han venido dando en nuestro país: A mayor normativa jurídica ha existido mayor fragmentación de los territorios y en consecuencia mayor cooptación de las organizaciones indígenas. Todo ello responde a la política extractivista que el Estado venezolano ha venido desarrollando en los últimos años. El Arco Minero del Orinoco ha puesto al descubierto esta política de extracción ilimitada de recursos a través de la Agenda Económica Bolivariana como la expresión final del Plan de la Patria, donde ya se venía definiendo que Venezuela como país potencia desde el cual se pudieran explotar recursos convertidos en materia prima para el mercado internacional. Hay una relación directa entre el balance negativo del estado de los derechos indígenas con la aceleración de la política extractivista del Estado venezolano.
– Siendo el derecho la tierra la principal demanda de los Pueblos Indígenas ¿Cuáles son las razones que explican el retraso en el proceso de demarcación de sus territorios?
– Hay razones de carácter institucional, de falta deacompasamiento entre derechos reconocidos e instituciones que estén a la altura para materializarlos. Las áreas ricas en recursos minerales coinciden con los territorios que de manera ancestral han venido ocupando los indígenas. Ante una política económica y saldar una deuda histórica, como es el reconocimiento de los territorios, el Estado va a escoger el aceleramiento de esta políticaextractivista. Un tercer elemento tiene que ver, lamentablemente, con la perdida de fortaleza del movimiento indígena venezolano para enfrentar estas políticas que amenazan sus territorios. Entonces hay tres niveles. Un nivel de abajo hacia arriba, la ausencia de organizaciones fuertes indígenas; unointermedio: la política del Estado de expoliación de recursos y un último nivel: la falta de acoplamiento entre derechos reconocidos en la Constitución y los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales y las instituciones que tienen que hacer efectivos estos derechos a través de políticas públicas interculturales e indígenas que,lamentablemente, no existen en nuestro país.
– Después de 3 años de gestión ¿Nicolás Maduro ha sido una ruptura o continuación de la política indígena de Hugo Chávez?
– Ha existido una profundización de la política entreguista de los recursos naturales a intereses extranjeros. Es posible que lo mismo hubiese ocurrido si el presidente Chávez hubiese estado vivo, porque la política económica que venía implementando era insostenible. La política del presidente Maduro es más agresiva, de desmembramiento sistemático del movimiento indígena venezolano, de persecución a sus líderes. También hay mayor presencia militar en las instituciones y en territorios fronterizos.
– ¿Cuál debería ser el papel de la Asamblea Nacional en cuanto a derechos indígenas?
– A través de una iniciativa legislativa es posible convertirlos procesos de autodemarcación que ya existen en muchísimos pueblos indígenas en demarcación, un derecho consagrado en el artículo 119 de la Constitución. En el país ha habido 17 años de reconocimiento de derechos, en este momento lo que se trata es de avanzar cualitativamente en su ejercicio. Si bien existe un 12% de titulación de territorios, esta iniciativa legislativa nos permitiría también mirar si esas titulaciones responden a lo contenido dentro de los instrumentos jurídicos internacionales y la Constitución, pues se han venido dando desde una visión agrarista, asumiendo a los pueblos indígenas como comunidades campesinas.
– Ante las críticas, el gobierno creó un Ministerio de Minería Ecológica. ¿Ayudará en disminuir los impactos negativos?
– El Ministerio de Minería Ecológica es una tautología: No hay minería ecológica. Por donde lo observemos el Arco Minero es una arremetida contra los derechos indígenas y viene a ser el corolario de la fragmentación de los territorios que han venido ocupando. No hay ninguna experiencia conocida que indique que pueda haber una minería de carácter sustentable, menos en las condiciones en las que se encuentra nuestro país.
– Hay denuncias sobre participación guerrillera en actividades de minería, ¿son ciertas las denuncias?
– Hemos visto situaciones de microestallidos y microenfrentamientos en zonas del estado Bolívar y Amazonas, donde algunas organizaciones indígenas han venido siendo confrontadas por estas guerrillas que también actúan como cuerpos armados de los mineros ilegales, e incluso de las propias empresas mineras. Sí hay paramilitares y guerrilla haciendo minería ilegal y custodiando mineros ilegales en nuestro país, eso es un hecho. (Prensa Provea)
