La Ley para sancionar los Crímenes, desapariciones, Torturas y Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, aprobada el 18 de octubre por la Asamblea Nacional, es la luz que se necesitaba para despejar las tinieblas de un periodo de oscuridad que se vivió en materia de derechos humanos en Venezuela.
Más de 1.600 son las causas que están en manos del Ministerio Público desde que el pasado 7 de febrero, cuando se iniciaron las investigaciones orientadas a esclarecer y lograr justicia tanto para las víctimas como para los familiares de mujeres y hombres, incluso adolescentes, que sufrieron persecuciones, torturas y asesinatos como respuesta a su disidencia política.
La nueva norma, también conocida como Ley contra el Olvido, constituye el sostén legal primordial para saldar una deuda histórica que se tenía con aquellos venezolanos que lucharon y murieron por una patria justa; pues ordena la creación de una Comisión por la Justicia y la Verdad que coadyuvará no sólo a investigar las violaciones a los derechos humanos durante el periodo citado, sino también establecer las causas y las consecuencias del terrorismo de Estado durante esas décadas.
Asimismo, dicha ley es el fundamento para ejercer las acciones necesarias para ubicar y rescatar los restos de las víctimas por desaparición forzada y proceder a su inhumación.
Cabe resaltar que, entre otros entes del Estado, la comisión estará integrada por el Ministerio Público, por los familiares e incluso amigos de las víctimas. Le corresponderá a esta institución recibir las denuncias e informaciones recabadas por la citada comisión, sustanciar los expedientes, designar fiscales especiales, requerir a diversos entes los archivos que sean necesarios para las investigaciones y solicitar ante la Sala Constitucional del TSJ los recursos de revisión necesarios para reabrir las causas.
Es preciso felicitar a la Asamblea Nacional por este paso tan trascendente al aprobar la Ley contra el Olvido. De parte del Ministerio Público queda la firme decisión de honrar el compromiso del Estado con los derechos humanos.
Fiscal General de la República.Mp;24.10.2011
