Al momento de escribir este artículo los acontecimientos están en pleno desarrollo. A la fecha el número de personas muertas es impreciso. Existe una versión oficial y la otra, la de los familiares. Sea cual sea el número lamentamos las muertes tanto de los privados de libertad como de los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana.
Lo ocurrido era previsible. Los niveles de violencia en las cárceles venezolanas son de los más altos del mundo. Para que se tenga una idea de 1999 a 2010 han fallecido en los penales del país 4.506 reclusos, es decir, un promedio de 409 cada año.
Las organizaciones de derechos humanos y expertos como Gómez Grillo venimos realizando desde hace más de una década propuestas para mejorar el sistema penitenciario. El sectarismo del gobierno las ha desechado, mientras tanto la situación se fue agravando.
El propio presidente Chávez en julio de 2008 al inaugurar la cárcel de Coro expresó que era el momento de reestructurar a fondo el sistema penitenciario venezolano. Sin embargo muy poco se realizó.
Una de las consecuencias del agravamiento de la violencia carcelaria tiene que ver con el incumplimiento del mandato del artículo 272 de la Constitución que establece la descentralización penitenciaria. En el año 2000 al presentar su Programa de gobierno el presidente Chávez manifestó que propiciaría la administración penitenciaria descentralizada a cargo de los Gobiernos Estadales o Municipales, sin embargo, prefirió optar por la centralización y violar la Constitución.
Compartimos plenamente que el Estado debe retomar el control de la vida carcelaria. Pero ello debe realizarse sin generar más hechos de violencia. Debe ser un proceso integral que vaya acompañado de medidas efectivas que dignifique la vida de los privados de libertad. Es necesario y fundamental incorporar a los familiares para que sean parte de la solución.
La crisis del momento puede ser una oportunidad para empezar a adoptar medidas efectivas y estructurales. Consideramos que tal como el gobierno
tuvo la disposición y capacidad de convocar a diversos sectores del país para pensar, debatir y diseñar una política de reforma policial, puede repetir esa experiencia. Instituciones del Estado, familiares y organizaciones de la sociedad civil podemos trabajar en un Plan Nacional Penitenciario que defina metas de corto, mediano y largo plazo y políticas integrales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en las distintas medidas provisionales que ha dictado a favor de prisioneros de ocho cárceles del país y además, en la sentencia sobre el Retén de Catia estableció una serie de orientaciones de políticas y medidas que deben servir de marco inicial para elaborar dicho Plan. Expresó la Corte:
“En particular, el Estado debe asegurar que toda persona privada de su libertad viva en condiciones compatibles con su dignidad humana, entre las que se encuentren, inter alia: a) un espacio lo suficientemente amplio para pasar la noche; b) celdas ventiladas y con acceso a luz natural; c) acceso a sanitarios y duchas limpias y con suficiente privacidad; d) alimentación y atención en salud adecuadas, oportunas y suficientes, y e) acceso a medidas educativas, laborales y de cualquier otra índole esenciales para la reforma y readaptación social de los internos.”
Es hora de recordar lo que afirma el gran luchador social Nelson Mandela “»No puede juzgarse a una nación por la manera en que trata a sus ciudadanos más ilustres, sino por el dispensado a los más marginados: sus presos»
Marino Alvarado
Coordinador General de Provea
