Cuando se cumplen 10 años de los sucesos de abril del 2002, interrupción del hilo constitucional y asesinatos de casi una veintena de manifestantes, habría que preguntarse cuáles han sido los mecanismos que han permitido la impunidad en ambos acontecimientos. Los hechos de una década atrás han sido utilizados como parte de la retórica confrontacional polarizada, sin consecuencias efectivas en el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Como ha sido insistentemente recordado, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo tienen la voluntad política ni la imparcialidad y transparencia, para estimular una investigación que sancione a los responsables de violaciones a los derechos humanos en aquellos días aciagos.
Pocos días después de la reversión del golpe de Estado se promovió la creación de una Comisión de la Verdad (CV), una experiencia que ha sido realizada en otros países de la región para, mediante un grupo de personas plurales, calificadas y de íntegra actitud moral, realizar una investigación con apoyo institucional para informar al país sobre los hechos que verdaderamente habían ocurrido. Sin embargo aquella propuesta, por razones veladas e inconfesables, no prosperó. Como se recordará, en un temprano 15 de abril del 2002 emergió del consenso parlamentario la propuesta de crear una iniciativa que allanara la transparencia sobre la cadena de acontecimientos que desembocaron en la interrupción del hilo constitucional. Esa Asamblea Nacional, conformada en un 55% por diputados y diputadas pertenecientes al partido oficialista Movimiento V República (MVR), convocó a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y académicos y académicas en la materia, quienes “comprometidos ante el cuerpo legislativo y ante el país, en función de la búsqueda de la verdad, la justicia y los mecanismos que nos permitan, como pueblo, alcanzar una convivencia democrática duradera, en el marco que nos brinda la Constitución vigente” respondieron al llamado, 14 días después, con una serie de observaciones por escrito al proyecto inicial para “contribuir a la creación de un mecanismo creíble, autónomo e imparcial para indagar de manera independiente sobre los hechos acaecidos entre el 07 y el15 de abril de 2002” .
Resumidamente aquellas objeciones eran: 1) La decisión legislativa que creaba la CV la condenaba a ser un apéndice, de autonomía restringida, de la Asamblea Nacional, por lo que se solicitaba el piso jurídico necesario para actuar con independencia y abarcar a todas las ramas del poder público; 2) Los términos del mandato comprendían sólo los hechos ocurridos entre el 11 y 14 de abril y se limitaba a los agentes estatales. La contrapropuesta sugería aumentar el período y la posibilidad de investigar todos los hechos y actores violentos; 3) El lapso para la entrega de resultados era de 45 días, cosa inviable. Las ONG´s solicitaban 120 días hábiles, a partir de la instalación y 4) La poca claridad de los requisitos necesarios para las postulaciones a la Comisión, confusión que aumentaban las declaraciones de parlamentarios a los medios de comunicación. En mayo se realiza la primera discusión del proyecto, aprobada sin mayores modificaciones, las cuales llegan en el segundo debate, cuyos cambios redujeron aun más las potestades y autonomía de la CV. En septiembre algunos diputados de oposición abandonaron la Comisión Redactora de la Ley, lo cual redujo hasta la nada la intensidad del debate público sobre el tema. Año y medio después las bancadas parlamentarias oficialistas y de oposición se culpaban mutuamente de ser responsables de la falta de celeridad en el tema, lo cual demostraba, escandalosamente entre líneas, la falta de voluntad política para la creación de la CV o para aclarar los hechos.
Uno de los nombres que se manejaron en aquella oportunidad para presidir aquella Comisión de la Verdad fue el de Raúl Cubas, uno de los tres fundadores de Provea, quien por su condición de asilado, detenido desaparecido y hermano de dos activistas populares asesinados por la dictadura argentina, poseía los antecedentes necesarios para acometer un trabajo de semejante complejidad. Además, Raúl había sido un activista por los derechos humanos en Venezuela durante 20 años, respetado por sectores de los bandos enfrentados. Como se puede demostrar revisando los medios y la correspondencia de la época, integrantes de diferentes organizaciones de derechos humanos avalaron y respaldaron desde un primer momento la propuesta, en el entendido que era necesario conocer de manera fidedigna lo que había pasado para establecer responsabilidades. Lo que pasó es conocido: Los diferentes actores han preferido versiones sesgadas capitalizables políticamente, las instituciones como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo por omisión han sido cómplices de la impunidad, y por último las ONG´s como Provea, que rechazamos el golpe, asistimos a los funcionarios perseguidos el 12 de abril y solicitamos medidas de protección para Tarek William Saab y el propio presidente Chávez a los organismos internacionales, hoy somos criminalizadas bajo el argumento fácil e insostenible de “cómplices del golpismo”.
