Después de 6 años de vencido el contrato marco de la Administración Pública Nacional (APN), el pasado 3 de noviembre se instaló su comisión negociadora. El Presidente Maduro dijo en esa oportunidad, que la comisión culminará su trabajo en 30 días con la firma del contrato. Esta buena noticia contrasta con la práctica gubernamental ejecutada en 2013, que consistió en imponer condiciones laborales que involucran derechos adquiridos en sectores y organismos públicos como el universitario y la salud.
Sin embargo, el estilo gubernamental para demostrar un nivel de cumplimiento en sus deberes laborales, sigue el mismo guión excluyente de los últimos años. Por ejemplo, el anuncio de instalación de esta comisión negociadora se efectuó en el Palacio de Miraflores, con presencia de dirigentes sindicales de FENTRASEP y de FEDEUNEP, mayoritariamente afectos al gobierno nacional. Además, contó con el aval exclusivo de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores.
Como se recuerda, la CBTS fue creada en noviembre en 2011, en un acto realizado en la Ciudad Vacacional de Los Caracas, estado Vargas, liderado por el entonces Presidente Chávez y allí se anunció la comisión presidencial que definió el contenido del decreto con fuerza, valor y rango de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Esta vez, igual que ayer, el gobierno le otorga una fachada de participación democrática a sus actos presidenciales en materia laboral, pero haciéndose acompañar exclusivamente por militantes, diputados y diputadas del PSUV, integrantes del Polo Patriótico y por sus seguidores y seguidoras.
La mora en la discusión del contrato marco tiene su origen en una decisión gubernamental que data de 2008, como lo ha denunciado reiteradamente Servando Carbone, directivo de FENTRASEP y de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE). Se trata de una orden emanada de la Vicepresidencia de la República que sujetó las negociaciones contractuales en el sector público a la autorización de ese Despacho. Por eso el anuncio de la comisión negociadora es bastante propagandístico.
En estos 6 años, miles de personas fueron despedidas de la APN, mediante dudosos procesos de reestructuración, como sucedió en el Ministerio de Finanzas, y no gozarán de los beneficios que el nuevo instrumento contractual contenga.
Esta mora generó perjuicios socioeconómicos a más de 2 millones de personas, que dejaron de percibir los efectos positivos de muchas reivindicaciones durante 6 años de inflación sostenida y que pudieron obtener si el gobierno hubiese permitido la discusión contractual.
Si bien la dirigencia de FENTRASEP y FEDEUNEP aspira un aumento salarial a la firma del contrato y un bono que compense la mora en su discusión, los lineamientos técnicos del Ministerio de Planificación y Finanzas, la Comisión Nacional de Presupuesto y Procuraduría General de la República, determinarán el alcance real de las cláusulas económicas.
El gobierno sigue en mora en materia laboral.
Esperanza Hermida
Coordinadora del Programa de Exigibilidad de Provea
@EspeHermida
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