En el debate, apenas incipiente, en torno a las armas de fuego ha prevalecido una visión tecnocrática. Se ha centrado fundamentalmente en dos paradigmas. El primero dirigido a reducir, por la vía jurídica, los excedentes de armas en situación de ilegalidad. El tema del control. El segundo apunta a reducir la totalidad de las armas, es decir, también las que se encuentran en estado legal. El tema del desarme. Desde esos paradigmas se han elaborado instrumentos jurídicos y se han implementado acciones. Eso ha sido un paso importante y de mucha utilidad.
Las acciones enfocadas en establecer limitaciones a los tipos y cantidades de armas que los ciudadanos pueden adquirir y portar, así como los requerimientos estrictos para la emisión de licencias y el control de las transferencias, si bien resultan necesarias, aportan poco para solucionar el problema de fondo. Frente a eso es necesario reposicionar el debate sobre la tenencia legal de armas de fuego ligeras.
Existen muchos mitos alrededor de las armas de fuego. Uno de ellos gira en torno a que la posesión de armas brinda seguridad personal. Concepción ampliamente extendida en la sociedad venezolana, así como de extensa es su irrealidad. Una sociedad no es más segura mientras más armas poseen sus ciudadanos; por el contrario, las cifras de personas asesinadas o heridas con armas de fuego las podemos contabilizar por miles cada año. La evidencia es clara.
Los intereses individuales, de corporaciones, redes y circuitos delincuenciales que lucran en el mercado de las armas. Un Estado que ha sido incapaz de garantizar dos derechos elementales básicos como lo son la vida y la inseguridad ciudadana, y el mito de la seguridad autoprocurada constituyen la médula del problema que debemos resolver como sociedad.
Resolver el problema exige de nuestros compromisos, activos y organizados, para construir formas de convivencia y resolución de los conflictos de forma pacífica como un horizonte social compartido.
Los espacios, iniciativas y formas para estas acciones son diferentes, si lo consideramos desde los contextos sociales en que se desarrollan, dimensiones del tema y las motivaciones. Las distintas organizaciones sociales y la ciudadanía en general, partiendo cada quien de sus capacidades, estamos convocados a poner cada cual lo suyo en un proceso que nos permita superar el problema.
Todas las manos son necesarias y urgentes. Las consecuencias sociales por la proliferación de armas de fuego y su uso indebido afecta a todo el conjunto social. Poco importa la condición social, sexo, edad, etnia, nivel educativo, preferencia política o religiosa, las armas de fuego nos afectan a todos sin duda alguna.
No olvidemos que las armas de fuego (todas) fueron diseñadas y hechas para matar, sean lícitas o ilícitas. Cada una de ellas solo contribuyen a sembrar el terror, el dolor, la explotación y la muerte. Nos urge un acuerdo social elemental por la abrogación total de las armas en manos de los ciudadanos, lo que supone un pacto y apuesta por la vida digna para todos. A eso le apostamos y en eso trabajamos.
19/09/ 2011, El Universal
