Uno de los temas que ha estado relegado en nuestro país, por muchísimos años, es el relacionado con la atención a las víctimas de la violencia, entendiendo la violencia como la surgida de delitos comunes, pero también de violaciones a los derechos humanos. En el año 1985 Venezuela aprobó la «Declaración de Principios fundamentales de Justicia para las víctimas del delito y del abuso del poder» de Naciones Unidas. Sobre este tema, se ha empezado a hacer algunos avances.
El año pasado (2011) se aprobó en Venezuela la «Ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de derechos humanos por razones políticas y reparación e indemnización a las víctimas de las violaciones en el período 1958 a 1998»; sin embargo, este proyecto se quedó corto pues en ese momento sólo se hablaba de reparación a esas personas víctimas, pero no se planteaba la creación de un sistema de atención a las víctimas.
Este año ha sido anunciada la creación de la Gran Misión «A toda Vida Venezuela», una política de Estado en materia de seguridad ciudadana que abarca diferentes ejes temáticos, o vértices, a fin de garantizar la integralidad de la misma. Uno de los vértices que señala la misión, específicamente el vértice cinco, habla de la creación de un Sistema Nacional de Atención a la Víctima, cuyo objetivo es crear una respuesta efectiva y eficaz por parte del Estado, a quien lamentablemente haya sufrido una situación que la haya victimizado.
Ahora bien, uno de los principales elementos que deberá tomarse en cuenta es que la política que se diseñe sobre la atención a las víctimas debe ser integral, incluyendo una atención jurídica, pero también una asistencia médica, psicológica, social e incluso pedagógica a fin de brindarle herramientas para que conozca sus derechos y la forma de exigirlos. Debería tratarse de una atención con personal especializado, multidisciplinario que atienda a la víctima de la mejor forma posible, para ser reparada de la mayor forma posible (ya que nunca se puede reparar completamente el daño, pues obedece a un evento pasado que no se puede retrotraer). Este sistema debe estar articulado y en consonancia con el Sistema de Administración de Justicia, para darle a la víctima una garantía de no repetición de la situación lesiva, lo cual a su vez será una forma de reparación. Como señala el conocido victimólogo John Dussich: «La habilidad de las víctimas para recuperarse es directamente proporcional a la disponibilidad de sus recursos de superación».
Otro punto fundamental a considerar es el consultar a las personas víctimas, ya que ellas, que han sufrido el daño, tienen muchísimo que aportar sobre cuál esperan que sea la forma en que el Estado les brinde atención. En esta misma línea, se hace indispensable la consulta a las organizaciones de DD.HH. que históricamente han trabajado con la atención a las víctimas, ya que éstas han podido desarrollar diferentes estrategias de atención que sin duda aportarán para la creación del Sistema Nacional colaborando con el proceso de reparación y rehabilitación a las víctimas. (El Universal, 03.09.12)
