 El pasado miércoles se instaló la nueva Asamblea Nacional. A diferencia de la anterior, la composición actual de la Asamblea es plural aunque no refleja porcentualmente la voluntad popular. La descalificación mutua de los diputados y diputadas en la primera sesión fue desconcertante y ojalá no sea el tono que se instale pues sólo alientan la polarización. El Parlamento debe convertirse en un escenario donde se debatan los problemas fundamentales del país y se busquen soluciones. Debe ser un lugar para pensar, debatir y promulgar leyes que mejoren la calidad de vida de todas y todos y se fortalezcan las instituciones democráticas.
Si parlamentarios afectos al gobierno y de oposición no realizan un esfuerzo serio y responsable para dialogar la voluntad popular se verá defraudada. Si bien la actual Asamblea se encuentra limitada en sus labores debido a la arbitraria Ley Habilitante que delega en el presidente Chávez legislar en un sinnúmero de materias, creemos que parlamentarios y parlamentarias pueden aún así legislar en áreas fundamentales.
Una primera labor deberá ser garantizar una amplia consulta para promulgar la Ley de Educación Universitaria afortunadamente vetada por el presidente Chávez. Promover la consulta no mediante un falso parlamentarismo de calle movilizando militantes de uno u otro partido, no, un verdadero parlamentarismo de calle que escuche la voz de profesores, estudiantes y trabajadores universitarios.
La reforma a la Ley Orgánica del Trabajo para implementar un nuevo régimen para el derecho a las prestaciones sociales, es una deuda que tiene el parlamento con los trabajadores y trabajadoras del país. Los parlamentarios anteriores fueron incapaces de cumplir con el mandato de la disposición transitoria Cuarta de la Constitución que ordena la reforma.
Esa misma disposición ordena legislar sobre la sanción a la tortura ya sea mediante ley especial o reforma del Código Penal.
Es prioritario legislar en materia de salud. Promulgar una ley que se adecue a los parámetros y disposiciones de la Constitución, garantizando una atención pública en salud universal y descentralizada, prestada en forma oportuna y sin ningún tipo de discriminación, en cumplimiento con el derecho a la salud como parte del derecho a la vida, y desarrollando todos los elementos necesarios para garantizar el más alto nivel de salud de la población a través de políticas de prevención, sanitarias y de calidad de vida. Adaptar dicha ley a las normas internacionales de salud sexual y salud reproductiva.
El proyecto de Ley del Régimen Prestacional de Pensiones deberá ser desempolvado para garantizar una ley que regule este aspecto clave de la seguridad social. Casi 10 años de mora legislativa.
Particularmente los diputados que provienen del sector laboral deberían interesarse por motorizar esta ley.
Finalmente es importante que se logre un desarrollo legislativo del artículo 272 de la Constitución para avanzar hacia un Sistema Penitenciario descentralizado y que dignifique a los privados de libertad.
Fuente: Diario Tal Cual 07.01.2011 |
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