Llamado de alerta al Programa Nacional de VIH/Sida y a la Coordinación Regional del Estado Barinas. Desde Barinas nos envían copia de los requisitos del Ministerio de Salud en la región, para la obtención del Certificado de Salud en el caso de solicitudes de empleo. Allí se indica que a las personas que laboran en peluquerías debe exigírseles la prueba de detección del VIH. Esto ha sucedido en distintas oportunidades en otras localidades del país, y es indispensable que el Programa Nacional de VIH/Sida exija de las Coordinaciones Regionales vigilar porque esta práctica, violatoria de los derechos a la no discriminación y al trabajo de las personas con VIH, no siga ocurriendo. En el caso del estado Barinas, debe cesar de inmediato. Si una persona con VIH, de cualquier estado del país, es objeto de este tipo de medidas que violan sus derechos a la no discriminación y al trabajo, puede contactar a alguna de las organizaciones con servicios en VIH/Sida o escribirnos a Alerta VIH, a fin de que podamos publicar su denuncia. Esta puede ser hecha de manera anónima y confidencial, pero es importante que, como el caso de nuestro lector de Barinas, se nos haga llegar alguna documentación que sustente la denuncia.
Cobro indebido de reactivos en un servicio adscrito a la Gobernación del estado Zulia. En el Laboratorio Regional de Salud Pública, ubicado en el Ambulatorio «Doctor Francisco Gómez Padrón» y adscrito al Sistema Regional de Salud de la Gobernación del Estado Zulia, se exige a las personas con VIH firmar un documento en el que autorizan el cobro del costo de reactivos para la realización de pruebas como Hepatitis B y C, Anticuerpos antitoxoplasmosis, VIH, EpsteinBarr, Citomegalovirus y Exudado faríngeo. Al firmar el documento, copia del cual fue entregada por un usuario al Director General de Aprovida, punto focal de la Red Venezolana de Personas con VIH (RVG+) del estado Zulia, las personas con VIH aceptan «otorgar la colaboración solicitada para cubrir el costo de reactivos», y «conociendo y conscientes de este planteamiento», es decir, dar la «colaboración» solicitada, dejan «libre de toda responsabilidad al laboratorio y personal que labora en él, por permitir ser atendidos». El Laboratorio Regional no sólo incumple con la sentencia del TSJ, que obliga a los servicios de salud pública a realizar las pruebas de control y seguimiento como un derecho, sino que, valiéndose de la situación de vulnerabilidad de las personas con VIH, las obliga a firmar este documento para ser atendidas. No puede decirse de otra manera puesto que, de no firmarlo y no poder hacerse las pruebas, pondrían en riesgo su salud y su vida. Es además importante señalar que los derechos son irrenunciables, y que aunque se «deje libre de toda responsabilidad al laboratorio y personal», este sigue siendo responsable de la violación al derecho a la salud de los usuarios. La persona denunciante anexó, además, copia del comprobante de pago de las pruebas.
Centro de Información Nacional de VIH/Sida: 0212-952-2009
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