El presidente Nicolás Maduro oficializó a través del decreto N° 2.248, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.855, la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” en los territorios indígenas del estado Amazonas, tierras de nuestros hermanos yekuanas, piaroas, piapoco, warekena, baré, entre otras etnias, que se constituyen en los habitantes y pobladores ancestrales de un vasto territorio que bajo sus suelos contiene minerales como el hierro, coltán, diamante, cobre, bauxita, oro, entre otros , en una extensión de más de 111 mil kilómetros, que duplica en territorio a la Faja Petrolífera del Orinoco, es decir estamos frente a una de las peores depredaciones a nuestra madre tierra.
En un mes estarán instaladas en el país varias empresas mixtas, más de 150 de 35 países que fueron las favorecidas por el gobierno venezolano para iniciar procesos de exploración, explotación y extracción de estos elementos de nuestra madre tierra sin siquiera tomar en cuenta la opinión y punto de vista de las comunidades indígenas asentadas en este extenso territorio que hoy se erige como la segunda reserva de oro más grande del mundo. Este decreto inconsulto de extractivismo del gobierno venezolano es una afrenta al discurso de reivindicación y reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.
En medio de la profunda crisis económica que vive nuestro país en estos momentos, esta noticia puede pasar inadvertida y mañana podríamos ser culpables del más grave daño ecológico y desplazamiento de indígenas de sus territorios y la desaparición de recursos naturales invaluables como el agua y las selvas.
Demostrando un cinismo marcado, el gobierno expresó que esto representa la puesta en práctica de una supuesta doctrina “ecosocialista”, cuando en realidad estos planes entreguistas son acuerdos que lesionan la soberanía, avalan el saqueo, violan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y amenazan con una destrucción ambiental sin precedentes, en su desespero por obtener divisas para atender sus compromisos con acreedores internacionales, sus empresarios nacionales y la cúpula militar.
Una vez mas el gobierno se hace de nuestros recursos, de nuestras tierras sin respetar el derecho consuetudinario que tenemos como primigenios habitantes e hijos de la tierra, esto demuestra una vez más la necesidad de que el mecanismo de la consulta previa y la concertación debe ser norma en todos los procesos o políticas públicas que se implementen en zonas y territorios indígenas que permita garantías de respeto y salvaguarda del patrimonio natural de los mismos. Hoy nuestros líderes políticos indígenas callan de manera servil frente a este tipo de decretos que amenaza e ignora una vez más a los pueblos indígenas en Venezuela. (Publicado en Revista SIC)
Alfredo González Núñez es líder wayúu Uliana. Egresado del Programa Liderazgo para la Transformación de CAF- Gumilla.
Tal vez las personas que viene a trabajar con estas compañías mineras sean mas conscientes que los criollos y contribuyan con la preservación del legado de estos pueblos americanos