Creo que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia declarando el pasado lunes la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional no fue una sorpresa para nadie. El TSJ se ha convertido en el bufete particular del Gobierno de Maduro, con esta, son diez sentencias de esta instancia judicial que han acabado totalmente con la voluntad del pueblo que se dio en los resultados de las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre y nombro un nuevo Poder Legislativo.
Esta decisión de la cual ya se habían pronunciado con anterioridad no solo el Presidente Nicolás Maduro sino los principales jerarcas del régimen incluyendo al Defensor del Pueblo, el Contralor General y el mismísimo Ministro de la Defensa, nos habían dado señales de lo que después sucedería en el TSJ, como en efecto fue.
Es claro que el dialogo y la reconciliación es un tema que no le interesa al régimen, ni siquiera la intervención del Papa Francisco cuando el domingo de resurrección desde el Vaticano donde pidió que el mensaje de amor de Jesús “se proyecte cada vez más sobre el pueblo venezolano, en las difíciles condiciones en las que vive, así como sobre los que tienen en sus manos el destino del país, para que se trabaje en pos del bien común, buscando formas de diálogo y colaboración entre todos”. Nada de esto importo.
Estamos ante un gobierno que ya con sus acciones se declaró en dictadura, donde solo se hace lo que ellos quieran y donde el pueblo no es escuchado ni tomado en cuenta, lo único que se busca es cumplir con los designios de un Presidente que pareciera estar desesperado al ver que no puede salvar el país de la crisis en que la metió.
La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional aprobada por la gran mayoría de la Asamblea Nacional el pasado 29 de marzo y la misma tenía por objeto sentar las bases para la reconciliación nacional y la paz social mediante la amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones que se señalan en esta Ley y otras medidas aquí contempladas.
Nada más noble para iniciar un diálogo de paz como dejar el libertad a los más de 70 presos políticos que tenemos actualmente en Venezuela, muchos de ellos estudiantes, cuyo principal delito ha sido oponerse a un régimen opresor y violador de derechos humanos.
Los siete miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de manera unánime pateo el perdón a los opositores, condenándolos a continuar en las inmundas prisiones venezolanas y otros viviendo el destierro, en un gobierno donde el derecho a pensar diferente está prohibido, un pueblo pusilánime y que aplauda los desastres que vivimos día a día los venezolanos es lo que el régimen quiere de nosotros.
Estamos ante un gobierno que poco le importa que estemos pasando hambre porque no hay comida, o que la gente muera por falta de medicamentos o que la inseguridad y la delincuencia sea quien manda en el país pues no hay ningún plan para hacerlo.
Recientemente Luis Almagro, secretario general de la OEA, intervino en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Allí hizo referencia «En Venezuela es necesaria una ley de amnistía que devuelva a presos políticos a sus familias (…) la reinserción de los combatientes y reparación de las víctimas, esos mismos valores no significan nada si no hacemos nuestra la prisión de los presos políticos del continente, sea López, Ceballos o Ledezma», dijo el ex canciller uruguayo. Almagro pidió a los presentes estar a la vanguardia de la lucha por la democracia. «No busquemos la estética de la política sino la ética política. Debemos estar siempre en la vanguardia de la lucha por la democracia».
Es claro que este tipo de declaraciones no les gusta al Gobierno Nacional, para ellos cualquier persona que opine algo diferente a lo que ellos quieren, lo acusan de intromisión en los asuntos internos del país, imperialistas, agentes de la CIA, etc., para ellos la única opinión que cuenta es la suya o la de los pocos aliados internacionales que le quedan aún.
Llama la atención que la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional hace referencia en varios de sus puntos a la Convención Americana de Derechos Humanos y cita sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual paradójicamente denuncio el ex Presidente Hugo Chávez en septiembre del 2012 y se hizo efectiva en septiembre de 2012, es decir desde hace más de 3 años no formamos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos ni de la Corte Interamericana de DDHH.
Igualmente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaro estar «sorprendido» y «decepcionado» por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de declarar inconstitucional la ley de amnistía aprobada en el Parlamento de ese país. «Estamos muy, muy decepcionados por la decisión del Tribunal Supremo, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno venezolano nos solicitó nuestra opinión legal y nosotros respondimos que en general estaba en conformidad con los estándares de derechos humanos», explicó en rueda de prensa la portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani. La portavoz insistió en que para el Alto Comisionado, la ley cumplía con todos los requisitos de los estándares internacionales, y volvió a recordar al Gobierno y a todas las entidades del Estado que deben «asegurar» el respeto de los derechos y libertades «de todos los venezolanos», incluidos los defensores de los derechos humanos. «Para nosotros fue un movimiento enorme hacia el diálogo y la reconciliación. Estamos muy decepcionados de lo que pasó», reiteró.
Ahora el régimen convoca a una Comisión por la Verdad que hasta el momento de escribir estas líneas no sabemos de qué se trata, ni quienes la conforman, pero que con seguridad solo será una ópera bufa que no tendrá ningún resultado favorable.
La lucha sigue y el objetivo claro es rescatar la democracia y la institucionalidad en Venezuela, el país necesita retomar la democracia y los venezolanos la paz, tenemos que trabajar en eso sin descanso.
@cnietopalma
