El saqueo a las alcaldías ganadas por la oposición afecta a todos los ciudadanos
Las elecciones no frenaron el descontento laboral ni la conflictividad en el sector público
Tras la jornada electoral que vivió Venezuela el pasado 8 de diciembre, surgen cambios en no pocos gobiernos municipales, pero aparecen también elementos que pudieran ser causa de conflictividad en diversas ciudades del país.
En los sistemas democráticos, la continuidad institucional y administrativa en los entes que cambian de dirección, no sufren mayores cambios, y en todo caso, cuando los hay, son consultados y negociados.
Además, es usual que tanto las nuevas autoridades como las salientes nombren comisiones de enlace cuya finalidad es facilitar la entrega y la transición con los menores traumas posibles.
El respeto a unos resultados electorales no debe circunscribirse a decir que se aceptan, también hay que aceptarlos sin condiciones de ningún tipo.
Preocupa mucho la actitud que han tomado los poderes ejecutivos nacional y algunos regionales, al quitar competencias a varias de las alcaldías que perdieron, al confiscar y desaparecer vehículos municipales (desde ambulancias hasta camiones recolectores de basura, pasando por autobuses de transporte colectivo) en muchos municipios, al “trasladar” a los poderes ejecutivos nacional y regionales mercados, teatros, parques, etc. También vemos con preocupación cómo el ejecutivo está creando cargos donde nombra a sus candidatos perdedores con competencias en los municipios donde compitieron electoralmente sin conseguir el apoyo necesario de los ciudadanos.
El gobierno debe entender que ese tipo de medidas afecta principalmente a los habitantes, todos, de esos municipios.
Es de prever que este tipo de medidas absurdas, y que pueden calificarse de antidemocráticas, generen en el corto plazo protestas en varias de esas localidades. Si bien es cierto que el diálogo es necesario, también lo es que para hablar hay que reconocer al otro.
Y eso pasa por aceptar que el otro tiene también apoyo popular, votos y derechos. Es contradictorio llamar al diálogo y precederlo con los desmanes que describimos.
Todos los representantes electos, todos, representan a ciudadanos de todas la corrientes. El Poder Ejecutivo tiene que actuar en consecuencia y conforme a derecho.
Pasan los años pero no cambian las políticas
En 2005 el gobierno nacional emprendió una cruzada política y legal para amedrentar, criminalizar o desconocer a quienes piensan distinto y lo hacen público.
Es una política de Estado que ha afectado a todos por igual, incluyendo a los simpatizantes del gobierno que se han atrevido a expresar en público críticas o inconformidad. Una política que lleva un saldo de al menos 3 mil personas con procedimientos judiciales abiertos.
Aquí no se salva nadie. Un proceso que se dice obrerista, socialista y humanista tiene la formula para nada mágica preparada para quienes se atrevan a criticar o rechazar medidas y políticas: criminalización de la protesta y de la disidencia, que ha impactado a campesinos, trabajadores, vecinos, indígenas, estudiantes universitarios y dirigentes políticos.
Preocupa ver cómo la administración de Maduro no solo sigue usando estas malas prácticas, si no que las usa con mayor fuerza, tal vez por tener menor control e influencia que su antecesor sobre los sectores que reclaman por sus derechos y se apoya cada vez más en los tribunales y en las fuerzas armadas para conducir los conflictos sociales.
El mundo laboral, epicentro de la conflictividad
Como era previsible, el evento electoral que vivimos recientemente no frenó ni el descontento laboral ni la conflictividad, sobre todo en el sector público. Guayana, donde se asientan las empresas básicas del Estado, es un hervidero.
Las huelgas y las protestas se han vuelto cotidianas en esa zona que es probablemente donde exista la mayor masa de trabajadores organizados y con más tradición de lucha sindical. El gobierno deja pasar el tiempo, juega al cansancio y a la división de los trabajadores conviven todos los espectros del pensamiento pero la jugada no parece dar frutos.
Los trabajadores de las diferentes empresas siguen en pie de lucha por sus derechos.
En Carabobo, el patrón Estado actúa con autoritarismo y violando sus propios decretos de inamovilidad laboral y el fuero sindical, realiza un despido masivo en la estatal Diques y Astilleros Nacionales (DIANCA). 67 trabajadores y dirigentes sindicales fueron despedidos. Estos trabajadores tienen más de 8 años esperando por la discusión de un contrato colectivo para más de mil 500 integrantes de la industria. Evidentemente no es el mejor camino para solucionar la conflictividad laboral.
En líneas generales, la actitud del gobierno ante los conflictos laborales parece ser, al igual de la que usa ante el conflicto político, confrontacional.
Plantea ataques directos a dirigentes sindicales, no negocia los contratos colectivos, trata de dividir a los sindicatos y deja pasar el tiempo, quizás esperando que se cumplan los plazos que fija la LOTTT (Ley Orgánica del Trabajo) para el registro de sindicatos, que por cierto, fue impugnada por no pocas centrales sindicales y Provea la semana pasada ante el Tribunal Supremo de Justicia, por considerar que viola la libertad sindical.
Observamos que todos estos intentos de neutralizar a quienes exigen reivindicaciones y el aumento de la criminalización de la protesta, no han conseguido reducir los conflictos y las protestas. Muy por el contrario, crecen. Pareciera que esta política por parte del Ejecutivo Nacional no ha logrado su objetivo, si este es sembrar miedo en la población, inhibir la lucha social y exigencia de derechos.
@MarcoAPonce y @mlhccs
