Las presiones indirectas a medios de comunicación no harán que se solvente el problema de violencia en el país
En el año 2012 se contabilizaron 882 casos de menores de edad que perdieron la vida víctimas de la violencia
Abordar noticiosamente la situación de la inseguridad y la corrupción temas que preocupan a distintos sectores del país ha sido motivo para la imposición de la censura desde las instituciones judiciales de Venezuela.
Los medios privados e independientes que se han referido a las irregularidades en las gestiones del sector público y las desavenencias con la delincuencia organizada, han recibido presiones estatales que los obliga a contener la difusión de información en estos aspectos.
Hasta el punto, que se han iniciado procedimientos judiciales que han derivado en medidas de censura.
El objetivo: silenciar las denuncias por inseguridad y corrupción que se presentan, de manera recurrente, a lo largo de la geografía nacional.
Mostrar una foto en primera plana de los diarios Tal Cual y El Nacional (en 2010), en la que se mostraban cadáveres apilados en la Morgue de Bello Monte, fue motivo suficiente para que distintas instancias estatales los llevaran a juicio, y el tribunal dictara una medida de censura contra estos periódicos, por ejercer su labor.
Para profundizar el enfoque de trasgresión, el veto se complementó con el fallo que dictó la instancia judicial la semana pasada, que ordena una sanción económica a ambos rotativos.
También, por presiones indirectas se han ido adormeciendo otros medios y periodistas que se han atrevido a abordar, desde sus espacios, la situación de la inseguridad ciudadana.
Otro tema que se ha querido censurar en los medios es el de la corrupción.
El caso más evidente se desarrolla en el estado Bolívar, luego que un tribunal dictara una orden de censura que prohíbe al diario Correo del Caroní referirse a las acusaciones contra un empresario que fue imputado por el Ministerio Público ante su presunta vinculación con negociaciones irregulares en Ferrominera del Orinoco.
Es aquí cuando la práctica informativa natural de los medios se convierte en delito.
Esta insistencia del gobierno nacional de acallar las denuncias sobre irregularidades y los riesgos en los que viven los ciudadanos deja ver a las autoridades públicas del país como censores.
Los medios informan sobre los hechos que ocurren en la sociedad. Por ello, no se debe pretender silenciar temas de interés público, queriendo dar a entender que son los medios los únicos responsables de la inseguridad y la corrupción que se vive en el país.
En las calles, la población continúa sufriendo los embates de la delincuencia. El veto y las presiones indirectas contra los medios no constituyen una resolución efectiva y oportuna a los conflictos por la inseguridad.
La lucha emprendida desde el gobierno nacional contra la delincuencia organizada y la corrupción debería, además, contemplar las garantías para la libertad de información, tanto de los medios como de los ciudadanos.
Los jóvenes sufren más la violencia
Un estudio de Cecodap señala que a partir de los 12 años de edad, los adolescentes, se muestran como los principales protagonistas de las muertes violentas.
En el estudio publicado en el año 2010 se indica que a partir del año 2001, por lo menos en el 75% de los casos de muertes violentas fueron ocasionadas por armas de fuego.
En el año 2012, 882 menores de edad perdieron la vida víctimas de la violencia, y ya este año se han contabilizado 75 casos.
Son diferentes los motivos por los cuales se da esta situación. Uno de ellos es la mezcla de drogas, motos y alcohol en un ambiente donde se legitime la violencia.
Igualmente la impunidad hace que los jóvenes sientan que deben “tomar la justicia por sus propias manos”.
A pesar de esta grave situación, el Estado ha centrado sus políticas en censurar a los medios de comunicación y su última actuación fue multar a los diarios Tal Cual y El Nacional por la foto publicada en la que se mostraba la situación de la Morgue de Bello Monte.
Para esta medida se basaron en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que especifica: “Difundir por cualquier medio de información o comunicación, durante la programación dirigida a los niños y adolescentes o a todo público, programas, mensajes, publicidad, propaganda que promueva el terror, que atente contra la convivencia humana o la nacionalidad, o que los incite a la deformación del lenguaje, irrespeto a la dignidad de las personas, indisciplina u odio”.
Sin duda la protección de los niños y adolescentes debe ser una prioridad del Estado y de la sociedad en general, pero censurando a los medios de comunicación no se logra profundizar y realmente luchar contra el problema de la inseguridad.
Como bien indica el estudio de Cecodap, el ambiente en el que se encuentran muchos niños no es el adecuado para que tengan un buen desarrollo tanto personal como social.
Los jóvenes son los que más están sufriendo las consecuencias de no atajar el problema de la violencia a tiempo.
Se deben implementar políticas que realmente sean perdurables en el tiempo y que den una respuesta positiva a la crisis que está viviendo la sociedad venezolano en el tema de seguridad personal.
El gobierno se debe abrir al dialogo con diferentes sectores que tengan conocimientos en el tema, entre ellos las organizaciones no gubernamentales.
Ya no se debe estar buscando culpables para tratar de tapar los problemas, sino de ir en busca de soluciones efectivas.
Porque a pesar de que no se muestre una imagen de la situación de la Morgue de Bello Monte de Caracas, la realidad sigue ahí y cada vez es peor. La zozobra sigue en los niños, niñas y adolescentes y en los familiares de estos.
