Las protestas por el derecho a la salud son cíclicas ante promesas incumplidas
La escasez de dólares se hace sentir en los sistemas público y privado de salud.
El pasado lunes, un grupo de pacientes, familiares y trabajadores del Hospital de Coche en Caracas, salieron a la calle, trancando la Intercomunal Valle-Coche, para protestar por las malas condiciones del hospital, la escasez de insumos, la paralización de las operaciones electivas y la falta de personal médico.
A la protesta se unió un grupo de enfermeras y médicos.
Tras una protesta similar en el pasado mes de febrero, el gobierno anunció la intervención del hospital y creó varias comisiones técnicas.
El 2 de marzo, Maduro y varios ministros hicieron una inspección que fue televisada.
En ese programa, refiriéndose al hospital, Maduro admitió que “realmente estaba en situaciones muy precarias” y anunció que dicho hospital sería el modelo ha seguir en la recuperación de los hospitales del país.
Cuatro meses después, la historia vuelve a repetirse: el mismo hospital y los mismos problemas. El derecho a la salud de los pacientes, ausente.
La salud es un derecho constitucional
La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios.
Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.
Artículo 83 Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela
Escasez de insumos médicos
Según denuncias de médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud, la escasez de insumos hospitalarios está afectando también a los hospitales Vargas, Lídice, JM de los Riós, Pérez Carreño, Universitario, Magallanes y otros.
En declaraciones a la prensa, Marianela Betancourt, dirigente del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud dijo que “tenemos reportes de fallas en 31 centros en Caracas que están en crisis por la falta todo tipo de materiales.
En esa lista están incluidos varios ambulatorios dependientes del Ministerio de Salud, en los que no hay ni vacunas. Las que llegaron estaban vencidas y no traerán más hasta septiembre”
La Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, de Laboratorios y Afines aduce que la escasez de suministros obedece a la falta de dólares.
El derecho a la salud, entonces, coartado por la falta de divisas.
La crisis se extiende a la medicina privada
En paralelo, el gobierno, a través de la Superintendencia de Costos y Precios emitió el 26 de junio la Providencia 294 donde regula las tarifas para los servicios de medicina privada.
La Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales hizo un pronunciamiento y diciendo, entre otras cosas, que con “sólo 7.600 camas operativas se atiende el 55% de la población venezolana, mientras que el sector público con 42.500 camas sólo está operando en un 38%” y denuncian “la creciente deuda acumulada del Estado y sus instituciones por más de Bs. 1.523 millones y la muy parecida deuda que actualmente acumula el sector asegurador de más de Bs. 1.445 millones”.
Hacen igualmente un llamado al gobierno para que suspendan la Providencia 294 y pide “escuchar el criterio de esta Asociación en aras de dictar una normativa acorde con la realidad del sector y su viabilidad operativa..”
Para nadie es un secreto que los servicios privados de salud son muy caros para los ciudadanos.
Tampoco se puede esconder que los niveles de calidad, en muchas ocasiones, no se comparecen con los costos.
Pero también es cierto que estos centros privados reciben a una gran cantidad de gente que no encuentra solución en los centros públicos de salud. De hecho, es común ver en las contrataciones colectivas de la administración pública, claúsulas de Pólizas privadas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad.
Los empleados públicos no confían en la salud pública. Los empleados privados tampoco, y terminan pagando elevadas sumas anuales por pólizas de salud. Y claro, las clínicas se abarrotan de pacientes. No hay acceso al derecho a la salud, si el ciudadano depende de una póliza o de su bolsillo.
Las muertes que se pudieron evitar.
En 2012 la ONG Convite publicó un estudio sobre denuncias de muertes innecesarias, prematuras y sanitariamente evitables (MIPSE) en el país.
En esta investigación se hace énfasis en las muertes sanitarias, innecesariamente tempranas por enfermedades o causas externas –para las cuales se dispone de tratamiento o medidas de atención- que hubieran podido evitarse, sí el sistema sanitario hubiera actuado correctamente en todos sus pasos.
Por ejemplo, en 2011 se registraron 279 muertes sanitarias en 9 estados del país (Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Miranda, Monagas y Trujillo). El 91% de las denuncias pertenecen a centros de salud públicos. Y el 87% de las muertes fue por ruleteo entre centros de salud.
Contrato colectivo de los trabajadores de la salud
El pasado miércoles, los gremios y sindicatos que agrupan a los trabajadores de la salud, se dieron cita en una protesta ante el Ministerio de la Salud para exigir la discusión íntegra del proyecto de contrato colectivo del sector, introducido en septiembre del año pasado.
También estuvieron presentes trabajadores de Barrio Adentro que piden ser incluidos en dicha contratación, ya que, según denuncian, cobran el salario mínimo sin ningún otro tipo de beneficio ni seguro médico.
El gobierno ha venido dando largas a la discusión del contrato colectivo de este sector que se ha visto obligado a ejercer presión para poder comenzar a discutir el proyecto de contratación.
De momento, lograron sentar a los representantes gubernamentales en la mesa de discusión.
Otro aspecto que piden los trabajadores es la homologación de los beneficios de los que laboran en hospitales públicos, En el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y en los Centros de Diagnóstico Integral.
