En Venezuela se judicializan y criminalizan las expresiones populares de descontento y las protestas en la calles
Las fallas en la gestión pública y la crisis económica harán que las manifestaciones sigan en aumento
En Venezuela hay más de 3 mil personas con procedimientos judiciales abiertos por realizar protestas pacíficas. Esta situación ha sido documentada y denunciada por organizaciones de derechos humanos nacionales en los últimos años y ha sido definida como una política de estado para criminalizar las luchas sociales y populares.
Desde 2005 en nuestro país se ha armado un entramado jurídico para judicializar las expresiones populares de descontento y hacer ver como criminales a quienes demandan sus derechos en la calles, en sus centros de trabajo, o en instalaciones de gobierno.
El objetivo de esta política es claro y preciso: anular las expresiones de inconformidad con la gestión de gobierno, inyectar miedo en la gente que participa o puede participar en protestas y mantener el control absoluto de los movimientos sociales.
Aunque la criminalización se viene consolidando como una práctica anti democrática dentro de la estructura del Estado, la gente no ha dejado de salir a las calles, las 15 mil protestas ocurridas en los últimos tres años son prueba fiel de ello. Estas protestas se han caracterizado por su contenido crítico, rechazo a ciertas medidas gubernamentales, sobre todo en materia social y como reacción ante lo que los manifestantes han considerado como no cumplimiento, por parte de las autoridades, de los compromisos que el gobierno ha asumido con ellos o por irrespeto a sus derechos.
Pero también se han caracterizado todas estas protestas por la ausencia de cohesión entre ellas. No se puede decir tampoco que exista una conducción, de ningún tipo, en ellas en su conjunto, ni tan siquiera en algún grupo de ellas, salvando quizás las del sector laboral, porque las protestas en ese sector son protagonizadas por trabajadores que pertenecen a sindicatos y muchas veces responden a convocatorias. Pero incluso en ese sector, no es frecuente ver protestas de trabajadores en solidaridad con otros trabajadores. La gente de diferentes sectores de la sociedad y de diferentes regiones, protesta por muy diferentes causas y rara vez se solidariza activamente con las protestas de otros sectores sociales o con otros grupos de su mismo sector o región. Aunque ha habido alguna que otra excepción, por ejemplo y sobre todo, los paros cívicos que han llevado a cabo en varias ciudades del país, y que tuvieron como común denominador el tema de la inseguridad como causa de unión de diferentes sectores sociales, en esos casos, transportistas, comerciantes, trabajadores, vecinos y estudiantes, para protestar.
A medida que las fallas en la gestión pública y la crisis económica se hagan más evidentes en el país, la protesta pacífica irá en aumento. Pero es probable que también aumenten las interpretaciones ambiguas de nuestra legislación para intentar llevar a juicio a los manifestantes o que aumenten los mecanismos represivos.
Hemos venido alertando desde esta página sobre el peligro que representa el tema de la escasez como posible detonante de conflictividad. Vemos con mucha preocupación cómo la escasez de alimentos y de productos de higiene continúan, las colas en los comercios expendedores de esos productos se han hecho cotidianas. Muchos de los anaqueles que se vaciaron a raíz del llamado “dakazo” no han sido vueltos a llenar.
La escasez se amplía pues, a bienes electrodomésticos, baterías de carros, etc. Y en los últimos días ha llamado la atención un significativo aumento de la escasez de medicinas e insumos médicos en toda la red de salud, tanto pública como privada. Si la conflictividad dependiera exclusivamnte de la existencia de causas, la mesa estaría servida.
Si las calles se llenan de manifestantes o las fábricas de huelguistas no es por capricho de la gente, es consecuencia de decisiones políticas y de gestión que no van en sintonía con las necesidades de la población.
Por ello, es de suma importancia aclarar que exigir derechos no es un delito y realizar una protesta pacífica tampoco es un delito, por el contrario, son derechos que tienen los ciudadanos para solicitar al Estado y a todos los niveles de gobierno, el cumplimiento y la implementación de políticas que garanticen la dignidad de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación.
Organizaciones de derechos humanos como Provea, OVCS y ConflictoVE continúan con las campañas en contra de la criminalización de la protesta, en las redes sociales todos pueden apoyar con las etiquetas #ExigeTusDerechos #ProtestarNoEsUnDelito #HuelgaNoEsDelito
