Funcionarios electos el día de ayer tienen el compromiso de atender las necesidades de las comunidades. Quienes salen a protestar lo hacen cuando ya están cansados del engaño y el peloteo de los entes de gobierno.
Hoy lunes amanecemos con nuevas autoridades municipales electas por el voto popular. La vida debería retomar su curso normal, que en estas fechas, muy cerca están la navidad y las vacaciones, es la acostumbrada normalidad de fin de año.
Pero cuando nos referimos a curso normal lo hacemos porque durante la campaña, en esta que acabamos de vivir pero también en otras, el mensaje de autoridades y dirigentes y las informaciones de los medios de comunicación giran con más intensidad alrededor del hecho político y quedan a un lado informaciones cotidianas no menos importantes, que no tienen una difusión debida, pero que siguen estando ahí.
Así pues, una vez reiniciada la vida normal, los conflictos que persisten -porque no tienen que ver con la cuestión electoral o política- hay que tomarlos en cuenta para buscarles salidas y soluciones.
En los últimos 5 años Venezuela se ha convertido en uno de los países donde más se protesta. El monitoreo diario realizado por ConflictoVe y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) dan cuenta de al menos unas 10 mil protestas en los últimos dos años. De esa situación hemos sido testigos todos.
Hemos visto desde paros cívicos de ciudades y pueblos hasta protestas puntuales que en muchas ocasiones han paralizado o afectado a localidades enteras. Avenidas, autopistas, plazas, puertas de ministerios, fábricas y portones de industrias han sido los espacios donde más se han registrado.
El venezolano ha optado en los últimos tiempos por la protesta pacífica como un modo de expresar su descontento y como un vehículo para hacer sus exigencias y visibilizar sus problemas. En síntesis, ha sido utilizado cualquier espacio útil para llamar la atención de las autoridades.
En anteriores artículos hemos explicado con detenimiento las causas de las protestas y su aumento acelerado en Venezuela. Sin embargo, queremos insistir en que el principal motivo por el que los ciudadanos salen a las calles a protestar es la falta de respuestas efectivas y oportunas a quejas y denuncias sobre planes y políticas que no funcionan, y queremos destacar que más del 80 por ciento de esas protestas son por temas sociales, principalmente por trabajo, vivienda, educación y salud, y hemos dicho también que la criminalización de la protesta busca deslegitimar y castigar a quienes cierran una calle para exigir sus derechos.
La realidad es que quienes salen a protestar lo hacen cuando ya están cansados del engaño y el peloteo en las oficinas de gobierno y sus representantes. En muchos casos la protesta es el último recurso ante una gestión ineficiente y ante la falta de respuestas del Estado.
Y cuando hablamos de Estado implicamos a toda su estructura, es decir, a los niveles nacional, regional y municipal, sin importar la tendencia política de quienes ejercen la función pública. Todos son responsables ante las necesidades de la población.
En muchos casos los gobiernos municipales, sus funcionarios y las cámaras municipales deben ser los principales interlocutores con las comunidades, porque son quienes están o deberían estar más cerca de la gente.
Por lo tanto, juegan un rol de mucha importancia en el aumento o disminución de las protestas y en el manejo de las mismas. Igualmente son estos funcionarios -alcaldes y concejales electos y demás funcionarios de los entes municipales- los llamados a acercarse a las comunidades, escucharlas, hacer un diagnóstico de los problemas que se viven en sus localidades, evaluar las soluciones e interactuar con los otros poderes en representación de sus electores cuando las respuestas a los requerimientos así lo exijan.
Y deben poner especial atención en permitir la protesta pacífica como modo de expresión de la gente, tratando de evitar y condenando todo tipo de represión violenta o posterior criminalización de ella.
Quienes quedaron electos el día de ayer en los gobiernos municipales deben asumir el compromiso democrático de trabajar de cerca con sus comunidades, independientemente del color, la tendencia o la militancia política que profesen.
Tienen ahora el compromiso y la obligación de ser garantes de la Constitución y de respetar la dignidad y los derechos humanos de la población. E insistimos, atender a la gente en todo momento. La mejor forma para la resolución de los conflictos es prevenirlos. El mejor conflicto es el que no se da.
@MarcoAPonce y @mlhccs
