El gobierno debe respetar los derechos a huelga y a la protesta.
La represión y el ninguneo que aplicó el gobierno a los universitarios se tornó en contra
Durante las últimas semanas, el paro indefinido universitario ha sido epicentro noticioso.
Las universidades autónomas, que atraviesan una profunda crisis, se han rebelado contra el actual estado de las cosas, presintiendo, probablemente con razón, que su sobrevivencia está en juego y han logrado convocar apoyos de amplios sectores de la sociedad.
Una crisis a dos niveles: la laboral reivindicativa y la autonómica y de subsistencia.
El gobierno, lejos de sentarse en una mesa con la otra parte, ha atacado a los gremios universitarios, criminalizándolos y obviando que la huelga es un derecho garantizado en la Constitución, usado, por cierto, en muchas oportunidades.
Paros cívicos
En los últimos tres años hemos observado al menos 15 paros cívicos en distintas zonas urbanas del país. A través de este tipo de protesta colectiva, diferentes actores sociales se han organizado, y en conjunto han exigido pacíficamente sus derechos.
En la mayoría de los casos observados, la motivación ha sido la violencia y la inseguridad que, como bien sabemos, es un problema que afecta a toda la población sin ningún tipo de diferenciación.
Los transportistas y los comerciantes han sido los principales impulsores de este tipo de protesta y han conseguido la solidaridad de integrantes de las comunidades y urbanizaciones donde hacen vida, para llamar la atención y hacer exigencias a las autoridades.
Cada vez vemos con más frecuencia, que ante la ausencia de planes y políticas oficiales que den respuesta oportuna a las necesidades de la población, surgen protestas donde intervienen más de un sector en forma simultánea.
Por ejemplo, cuando los transportistas paralizan sus actividades exigiendo seguridad, vemos a vecinos de las urbanizaciones y barrios y también a estudiantes que los acompañan. Poco a poco, las luchas dejan de ser individuales y se van colectivizando.
Vamos entendiendo como país, que los problemas y sus soluciones no son solo de un sector, nos involucran a todos.
La solidaridad es un valor que permite conectar a sectores que, aunque con exigencias diferentes o por lo menos diferenciadas, entienden que no es efectivo luchar por sus derechos de manera aislada.
El gobierno ha aprovechado esa atomización de las protestas, muchas, el año pasado más de 5.000, pero no conectadas entre ellas, para manejar la situación, a veces mediáticamente, otras judicialmente, o con represión.
En los últimos años se han aprobado una serie de instrumentos jurídicos que han hecho posible procesar judicialmente a ciudadanos y a actores sociales por ejercer el derecho a la protesta, consagrado en la Constitución.
Hemos visto poner en práctica desde la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Lopna) hasta la novísima Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo (LODOFT), pasando por la Ley de Seguridad de la Nación y otras, para criminalizar la protesta.
Pareciera que esta política, lejos de intimidar a quienes protestan, está logrando aglutinar a factores que encuentran un punto común, la criminalización y judicialización a veces, la descalificación de quienes exigen derechos, otras, donde acercarse y apoyarse.
Universidades, huelga y solidaridad
El caso del conflicto universitario es un claro ejemplo de lo que venimos diciendo.
Cuando los gremios universitarios plantearon el actual paro, lo hicieron por decisión propia en base a sus reivindicaciones, tras mucho tiempo de espera, negociaciones y protestas de diferentes tipos y muchas veces no conectadas entre los mismos gremios que hacen vida en las universidades.
Una vez en marcha el paro, el gobierno, lejos de sentarse a dialogar, aplicó una política de descalificación, judicialización y jugó a la división dentro de las filas universitarias con temas como el derecho a la educación, o negociando con federaciones que aglutinan a pocos miembros o son de maletín.
Con el pasar de los días, mientras ocurrían múltiples protestas de universitarios simultáneas en muchos puntos del país, la causa universitaria fue ganando apoyos de muchos otros sectores, llegando a convocar a la marcha del sábado pasado en Caracas, en Guayana también fue convocada, con presencia de muchas y variadas organizaciones sociales, políticas, etc.
Es decir, la política de represión y ninguneo que aplicó el gobierno a los universitarios no solo no funcionó, si no que se tornó en su contra.
Surgió la solidaridad de amplios sectores de la sociedad con las universidades.
Solidaridad que no se había manifestado en los comienzos del conflicto y que ha ido en aumento tras la reacción destemplada del gobierno que prohibió la ruta de la marcha al día siguiente de que Maduro anunció que iba a haber violenta.
La huelga universitaria, lejos de ser rechazada, como quisiera el gobierno, es apoyada y por lo menos comprendida por vastos sectores de la sociedad. Y eso, en un país que arrastra el trauma del paro indefinido del 2002-2003, es mucho.
Es una condición democrática promover la solidaridad y apoyar las exigencias de la población, mucho más cuando se hacen en el marco de la búsqueda de la dignidad y dentro de la Constitución. La huelga no es delito.
@MarcoAPonce y @mlhccs
