El gobierno aplica una política hídrica irresponsable e improvisada que está pasando factura En vez de enfrentar las causas de la crisis en servicios públicos, anuncian más compras de armas
El artículo 82 de nuestra Constitución contempla que “toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias”.
Humanización en entredicho
Pero cuando los servicios básicos esenciales como el agua o la electricidad son deficientes y se convierten –con suerte- en esporádicos, comunidades enteras pasan dos semanas y hasta un mes sin agua potable. En muchas zonas, sometidas a un racionamiento que no se cumple, los ciudadanos tienen que adaptar sus vidas a los caprichosos horarios en el que el vital líquido aparece en los grifos de sus viviendas, en un sinfín de veces, según quejas reportadas por los medios de comunicación, en horas de la noche y madrugada y solo de vez en cuando. Es obvio que esa humanización de la que habla la Constitución va en franco retroceso.
Ahora, la crisis del agua es de todos
Hasta hace unos años la crisis de los servicios se sentía principalmente en caseríos y pueblos de las regiones, muy poco en las ciudades y mucho menos en la región capital. Mientras muchas zonas vivían a oscuras o con las tuberías secas, la capital del país se mantenía con ciertos privilegios. Políticamente se planteó así y fue rentable. Una política irresponsable e improvisada que ya está pasando factura.
Todavía nos acordamos de aquellos consejos presidenciales que invitaban al soberano a bañarse con una totuma y en tres minutos para no gastar mucha agua. Un consejo de Chávez que estamos seguros difícilmente fue seguido por su entorno, que hoy dirige al país, pero que muchos ciudadanos están aplicando de forma obligatoria en estos días.
Ahora la debacle de los servicios básicos es en toda Venezuela, en pueblos o en ciudades, en las zonas alejadas y también en las capitales de las gobernaciones y ciudades importantes. El suministro de agua potable es irregular y la luz, asociada al suministro de agua, se va a cada rato. Nada de lo que aquí ocurre se justifica. En un país con grandes recursos hídricos, sus habitantes viven secos.
Queda claro que ese gran salto político del que llevan años hablando, se ha llevado por delante el esfuerzo de generaciones en obras e infraestructura, que se está borrando de un plumazo. Solo basta recordar obras como la represa del Guri o el Sistema Tuy.
Habría que preguntarse si la misión del socialismo del siglo XXI es contradecir lo que dice la Constitución y, adicionalmente, evaporar la dignidad y “las relaciones familiares, vecinales y comunitarias” propias de un hábitat decente.
Represión contra la sed
Frente a este desastre con los servicios básicos lo menos que debería hacer el gobierno, es lo que cualquier ciudadano demócrata esperaría, es invertir en mantenimiento, modernización y profesionalización en estos sectores. Pero paradójicamente esta semana vimos al presidente Nicolás Maduro anunciando una gran “inversión” en compras de equipos antimotines de última tecnología.
Así las cosas, mientras el gobierno se arma con gas lacrimógeno, perdigones, ballenas y demás artilugios bélicos, la gente sigue tomando las calles pacíficamente. Aquí una muestra del descontento popular por las fallas en el servicio de agua potable en los últimos días de julio:
El 31 de julio, vecinos de Maracaibo, estado Zulia, realizaron una protesta impidiendo el tránsito en una de las vías más importantes de la ciudad, que comunica Maracaibo con el municipio Mara y Goajira, denunciaban constantes fallas en el servicio de agua potable en la zona. El 25 de julio, habitantes deMacuto, estado Vargas, tomaron las principales calles de la localidad con sus pipotes y tobos vacíos, denunciando que tenían más de 15 días sin agua. El 23del mismo mes, vecinos de Brisas del Prado, estado Trujillo, cerraron el paso en la redoma que da acceso a la autopista Cruz Carrillo, mejor conocida como Eje Vial, que permite la entrada y salida de vehículos a Trujillo-La Concepción-Valera, para denunciar que tienen más de 5 meses sin el servicio de agua potable. El 22 de julio, vecinos de Uverito, al sur del estado Anzoátegui, cerraron la carretera que comunica a Mapire con Pariaguán en protesta porque que tenían 20 días sin agua potable.
Si bien es cierto que la deficiencia del servicio de agua potable es de vieja data, las protestas de los vecinos por esa causa –y hay que decirlo, por otros servicios públicos como la electricidad, el aseo urbano, y el gas- están aumentando en forma considerable en los últimos tiempos. Desde el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y Conflictove.org.ve hemos venido advirtiéndolo.
El gobierno parece darse cuenta de ello, pero lejos de enfrentar las causas de la crisis, anuncia más represión, quizás tratando de decirnos que “guerra avisada no mata soldado”, pero claro, aquí no son precisamente los soldados los que protestan.
