El gobierno es el gran ganador con la masificación de la expresión “guarimba” y con la guarimba mismaHay que exigir el respeto a la protesta pacífica, sin permisos ni cortapisas
Desde que los venezolanos comenzaron a expresar su inconformidad con la gestión pública, el gobierno ha buscado muchas formas y mecanismos para invisibilizar y acallar el malestar de la gente y también para deslegitimar la protesta y la opinión de quienes se han atrevido a alzar su voz en las calles o a través de los medios.
Algunos mecanismos han sido evidentes para todos como la reforma y promulgación de leyes para apresar y abrir expedientes a quienes participan en manifestaciones. Otros han sido más sutiles e incluso imperceptibles para gran parte de la población, pero igual de peligrosos y poco democráticos, como la naturalización de términos y el uso de un lenguaje que atenta contra la garantía de derechos humanos.
Es así como desde 2004 los venezolanos comenzamos a escuchar con frecuencia el término “guarimba” en asociación con las protestas. Y desde febrero de este año esa palabra forma parte de la cotidianidad, pero muchos desconocen su origen, y sobre todo el fin de su uso reiterado. Este término no solo es repetido hasta la saciedad por voceros del gobierno, sino que también por dirigentes de partidos políticos de oposición, periodistas y manifestantes.
Hay que llamar las cosas por su nombre, sin entrar en definiciones teóricas o académicas y aspiramos a que estas líneas puedan contribuir a clarificar los términos y ejercer un contrapeso a la neolengua que, consideramos, atenta contra la convivencia y la democracia.
Manifestaciones y protestas
Comencemos por decir que la manifestación pacífica es un derecho humano consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución y en las leyes internacionales.
Partiendo de allí podemos afirmar que cualquier expresión de rechazo o apoyo a situaciones de la vida nacional es una manifestación y ésta podría ser una expresión de apoyo al gobierno o una expresión de rechazo a medidas o acciones de las autoridades.
Cuando la manifestación tiene como origen el rechazo a medidas gubernamentales o la exigencia de derechos no garantizados o respetados, se le puede definir como una protesta.
Es decir, todas son manifestaciones pero no todas son protestas.
Las guarimbas
En principio se empleó el término “guarimba” para identificar a las barricadas en vías públicas con objetos fijos o movibles y sin presencia de personas, puestos muchas veces con la excusa de “defensa”, por ejemplo, en urbanizaciones.
En muchos casos estas acciones han generado rechazo en los vecinos porque han puesto en peligro la vida de habitantes y transeúntes de los lugares donde se han colocado, o porque se les ha impedido la libre circulación para salir o entrar de sus casas, o porque ha implicado la destrucción de bienes públicos o mobiliario urbano, por ejemplo postes de alumbrado o árboles derribados. Generalmente son dispuestas con alambres de púas, aceite en las avenidas, escombros, tapas de alcantarillas, elementos cortantes que pinchan cauchos, basura quemada, etc. En muchos casos se hace en sigilo y se aplica el principio de cerrar una vía y retirarse. En otros, permanece un grupo de personas “vigilando”.
El gobierno es el gran ganador con la masificación de la expresión “guarimba” y con la guarimba misma.
Estas acciones sin rostro, con un conocido rechazo de los vecinos, sin consignas claras, sin articulación con grupos sociales, sin exigencias definidas o propuestas y soluciones a los problemas, han servido como excusa al gobierno para generalizar y descalificar a la protesta pacífica y popular.
Creemos que quienes dirigen el país no dan punta sin dedal en su afán por mantenerse en el poder. Y al sumar toda la valoración negativa de estas acciones sacaron cuenta y decidieron como estrategia emplear un término que genera rechazo o desconfianza en la población para etiquetar a todas las formas populares y pacíficas utilizadas históricamente para denunciar y rechazar las malas políticas.
Entonces cuando la gente realiza una protesta pacífica y democrática es catalogada como guarimbero, y ya de entrada se le deslegitima y se le resta importancia a sus intenciones y demandas.
El derecho a la protesta
El objetivo del gobierno es anular un derecho consagrado en la constitución, el de la manifestación pacífica, tal y como pudimos comprobar el pasado jueves con la interpretación que dio la Sala Constitucional del TSJ, pero que podemos decir, es una política de estado que vienen aplicando desde hace tiempo.
Ahora se suprimen garantías consagradas en la Constitución y se amplía de alguna forma el concepto de la criminalización de la protesta.
Es importante entonces que los ciudadanos entiendan que es fundamental mantener y emplear métodos de lucha pacíficos y constitucionales que hagan contrapeso al abuso de autoridad y a la violación a las leyes por parte de quienes debieran ser los primeros en respetarlas.
Es momento de exigir el respeto a la protesta pacífica, sin permisos ni cortapisas, y hacerlo de manera pacífica y a cara descubierta.
