Con o sin máquinas captahuellas, sin políticas correctivas el desabastecimiento no desaparecerá
El gobierno prioriza la permanencia en el poder sobre la garantía de los derechos de la población
El anuncio presidencial de instalar “un sistema biométrico” en establecimientos de alimentación y otros (en lenguaje coloquial, máquinas “captahuellas” o “cazahuellas”), ha traído numerosas reacciones de rechazo y protestas por parte de distintos sectores de la sociedad civil y de muy diferentes gremios que están ligados a la producción, distribución y venta de esos productos de primera necesidad.
La escasez de alimentos, productos de higiene personal y de medicinas que se vive en el país no es nuevo y es un problema que se viene agudizando en los últimos tres años. En el último semestre de 2013, el malestar de la gente fue visible mientras hacía colas en supermercados y centros de expendio de alimentos, protestando e incluso en aquel momento se registraron hechos de violencia entre personas que trataban de adquirir productos de la cesta básica, por ejemplo peleas por un kilo de leche en polvo o un kilo de harina de maíz precocida y también observamos actos vandálicos y saqueos a supermercados y camiones de transporte. La tensión se incrementó ante la ausencia de los productos y ante la inoperancia de las autoridades para resolver el problema.
El Dakazo: válvula de escape
El malestar y continuas protestas de la gente tuvieron una respuesta difícil de comprender para muchos: El Dakazo, una formula muy bien pensada y diseñada para conducir ese conflicto que día tras día iba en aumento.
La opinión pública, y no poca gente, se volcaron hacia ese “nuevo fenómeno”, dando la sensación de que la gente que hacía largas colas para adquirir alimentos ahora se apostaba por horas frente a tiendas de electrodomésticos para comprar televisores, neveras, cocinas, aires acondicionados, entre otros.
Por un lado, favorecieron un consumismo ¿sensación? exacerbado en la población, y por el otro, un olvido temporal, reflejado en los medios, de las necesidades básicas de alimentos, productos de higiene y medicinas.
Posteriormente se repetiría la fórmula con tiendas de ropa, calzado, etc. Como resultado -sumado a que las verdaderas causas del desabastecimiento nunca fueron subsanadas-, al problema de la escasez de productos básicos, se sumó, en los meses siguientes, la escasez de todo tipo de producto.
Corren la arruga, pero aún crece.
Aunque el problema de la escasez no fue resuelto, en ese momento quienes dirigen al país lograron su objetivo: ganar tiempo y votos en unas elecciones, corriendo la arruga para el año siguiente.
Ahora estamos en el mes de septiembre del año siguiente y vemos la arruga in crescendo. Quienes detentan el poder en Venezuela, saben hacer el cálculo necesario para combinar, afinar y medir los tiempos electorales con las decisiones de gestión de gobierno, priorizando la permanencia en el poder sobre la garantía de los derechos de la población.
¿Un nuevo Dakazo?
Entonces es probable que la grave crisis de desabastecimiento que vivimos hoy no sea tan problemática para quienes dirigen al país, posiblemente los cálculos electorales -tal vez pensando en la próxima contienda parlamentaria- o los cálculos para permanecer en el poder ya están hechos.
Solo es cuestión de tiempo para que aparezcan nuevos Dakazos, porque si algo ha caracterizado a esta gestión de gobierno, y a la anterior, es que si una formula funciona, la utilizan una y otra vez y en algunos casos la reeditan sin mucho maquillaje.
No sabemos si el anuncio del sistema biométrico sea parte de una nueva fórmula para conducir el conflicto, lo cierto es que intenta desviar la atención sobre problema principal, que es el desabastecimiento.
¿Bajo control?
Hoy por hoy, el gobierno tiene un absoluto control de los procesos productivos, de las importaciones y de la distribución de los productos de primera necesidad y estos no están en los anaqueles. Ergo, el Estado controla la escasez pero no mueve ni un dedo para solucionar el problema.
Además hay que ver en conjunto las medidas, todas de control, que está tomando el gobierno. Por ejemplo, la obligatoriedad de inscripción en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (RUPDAE) de la Superintendencia de Precios Justos, que se suma a un sinnúmero de registros obligatorios para personas naturales y jurídicas. Parece que el tema del control de la población es prioritario y se olvidan del control del gasto público y de la gestión de gobierno.
El sistema biométrico para poder realizar compras debe ser rechazado por coartar las libertades de la población, pero la polémica sobre su implementación no debería desplazar el foco sobre el verdadero problema: el desabastecimiento de alimentos, de medicinas, de insumos hospitalarios, etc, que afectan directamente a toda la población.
@MarcoAPonce y @mlhccs
