En septiembre de 2012 el Estado venezolano denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, dando un paso adelante en su decisión de abandonar el Sistema Interamericano.
Con esta medida se desliga de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo para nuevos casos, los asuntos introducidos antes de la entrada en vigencia de la decisión de su salida, mantienen su curso legal.
El detonante.
Según los voceros del Gobierno dos hechos fueron el detonante para la medida definitiva: en julio de 2012, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de declarar al Estado venezolano culpable de tratos inhumanos y degradantes contra Raúl Díaz Peña.
Y en septiembre 2012, el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresando su preocupación ante la denuncia sobre una presunta masacre de indígenas Yanomami de la Comunidad Irotatheri, en Amazonas.
En el primer caso, el Gobierno argumentó que la Corte estaba protegiendo a una persona acusada de terrorismo que fue condenada a nueve años de cárcel por los atentados perpetrados contra la embajada de España y el consulado de Colombia en Caracas en 2003; en el segundo caso, funcionarios gubernamentales y militares se movilizaron hacia las zonas donde se asientan las comunidades indígenas de Amazonas, junto a algunos corresponsales de prensa, para demostrar que no existían pruebas de la supuesta matanza, para reforzar su tesis de que todo era un plan para empañar la imagen del país.
En ambos casos el Sistema Interamericano no dejó de cumplir con los principios que le guían.
Una persona privada de libertad, por el delito que sea, no puede ser sometida a tratos crueles o inhumanos, porque es una violación a los derechos humanos.
En el caso de los indígenas Yanomami, es función de la Comisión promover investigaciones y acompañar a los Estados y a la sociedad civil en situaciones donde estén en riesgo los derechos humanos.
Salida no implica desamparo.
A pesar de la salida de la Corte, Venezuela sigue bajo la observación de la Comisión, ya que ésta incluye a todos los estados que conforman la OEA.
Por lo tanto, la Comisión seguirá conociendo sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país y los ciudadanos no quedarán en el desamparo ante los abusos de poder y las violaciones a sus derechos.
La sociedad civil tendrá la oportunidad de participar en el próximo período de sesiones de la CIDH entre octubre y noviembre de 2013.
La CIDH acaba de lanzar un sistema automatizado para recibir las solicitudes de audiencias y reuniones de trabajo en las que todas y todos pueden participar.
Este nuevo sistema digital y automatizado tiene por objetivo facilitar y acelerar los procesos para beneficio de todas las partes involucradas.
Pueden acceder al sistema a través del link http://www.oas.org/es/cidh/prensa/calendario.asp
En la página web de Conflictove se puede consultar un seguimiento informativo con noticias, artículos, análisis y documentos sobre este tema: http://www.conflictove.org.ve/derechos-humanos/eventualsalida-de-venezuela-de-la-cidhindice-de-documentos-en-nuestra-web.html
Los conflictos no pueden solucionarse con militarismo.
El Gobierno insiste en el uso de la manu militari para intervenir en los conflictos laborales.
El hecho de que existan protestas de trabajadores, unas más radicales que otras, pero por cierto, todas pacíficas, en empresas del Estado, no justifica, bajo ningún concepto legal, pero tampoco bajo ningún concepto ético ni político, la intervención militar en esos centros de trabajo.
Pareciera que el Gobierno, que ya hace tiempo inventó la consigna de “pueblo y ejército unido” está convirtiendo un simple slogan en una doctrina militarista, imponiendo a grupos civiles, en este caso de trabajadores que exigen sus derechos y el cumplimiento de compromisos adquiridos, la presencia de efectivos militares en las instalaciones de trabajo y en los portones de las fábricas, sitios que comúnmente son usados por los trabajadores para realizar sus asambleas y protestas.
Se utiliza como pretexto para movilizar efectivos militares el tema de “la seguridad de instalaciones”, pero lo cierto es que han sido usados para la amenaza directa a quienes protestan o para apoyar la entrada de esquiroles cuando el conflicto se presenta como huelga.
Vemos con preocupación además el uso de la criminalización de la protesta y asimismo la intervención de tribunales en los conflictos laborales, favoreciendo con decisiones al patrón Estado.
Da la impresión de que existe una “Misión Cayapa”, pero contra los sindicatos y sus dirigentes.
Con imposiciones y amenazas se trata de doblegar a este grupo social que defiende sus derechos consagrados en las leyes.
El Gobierno está obligado a cumplir los compromisos que ha adquirido con la masa trabajadora y está obligado a sentarse a negociar allí donde no existan aun acuerdos.
Ese es su papel. El tutelaje militar, sobra.
