El reconocimiento del otro es indispensable para solucionar las crisis.
Las cifras oficiales sobre apagones contrastan con el número de protestas por ese motivo.
Sector de la salud en lucha por sus reivindicaciones y por el derecho a la salud de todos
Apagones y protestas
En días recientes las autoridades del Ministerio de Energía Eléctrica anunciaron la reducción de los apagones o interrupciones eléctricas en más de 46% en todo el país.
Esta información no puede pasar desapercibida, si tomamos en cuenta que las constantes fallas eléctricas han motivado muchas protestas en los últimos tres años.
Incluso algunas de estas protestas han sido violentas. Solo hay que recordar los intentos de quema a las sedes de Corpoelec en 2011 y 2012 por vecinos enardecidos.
Los cortes de electricidad se presentan constantemente en todo el país. En los estados andinos, donde se han producido más apagones, sus vecinos han realizado más protestas. Las poblaciones de Trujillo y Mérida son ejemplos claros de esta situación.
Caracas sin luz
Hasta tiempos recientes, los municipios de la Gran Caracas, donde el gobierno nacional ha tenido un tratamiento distinto y la luz se va menos en comparación con otras regiones, parecían estar a salvo, pero esa realidad parece estar cambiando.
Las cifras oficiales contrastan con las protestas pacíficas realizadas por los vecinos de tres parroquias del norte de Caracas durante la semana pasada. Llama la atención, porque es la zona donde menos se debería ir la luz, si tomamos en cuenta que la política oficial ha sido evitar apagones en la capital.
Los vecinos han denunciado que las fallas en la electricidad, aparte de afectar su dinámica en el hogar, también aumenta la inseguridad en las diferentes zonas afectadas: calles oscuras y con poca vigilancia son el espacio ideal para quienes viven del delito.
La garantía de los servicios básicos representa un indicador clave para estudiar la situación de los derechos. No hay calidad de vida si los servicios básicos como luz, agua o vialidad, no están garantizados.
Salud: por la inclusión
En el sector de la salud -conformado por aproximadamente 600 mil trabajadores- se sigue negociando el contrato colectivo.
Aunque ha habido avances, existen diferencias en algunas cláusulas, sobre todo con las que tienen que ver con la jornada laboral, que el Ministerio de la Salud, el IVSS y el IPASME quieren llevar a 42 horas semanales, en el reconocimiento de 80 mil trabajadores entre contratados y de Barrio Adentro que los dirigentes sindicales quieren incluir en esta contratación, en el tema de la homologaciones de las jubilaciones y en el no reconocimiento, por parte del gobierno, del bono por la no discusión del contrato, que lleva 11 años de atraso.
Los trabajadores de la salud están llevando adelante también una lucha que va más allá de sus reivindicaciones laborales y que tiene como centro la exigencia al estado para que mejore los servicios hospitalarios, la infraestructura y los insumos.
Diálogo ausente
Vemos con preocupación la actuación del gobierno para encarar la conflictividad laboral. Desde estas páginas hemos venido analizando las diferentes protestas y la respuesta gubernamental a ellas. Varias veces hemos llamado la atención sobre la situación laboral en Ferrominera del Orinoco.
Hoy, de nuevo, el gobierno usa la militarización como método de intervención y amenaza, para tratar de solventar los conflictos.
Los trabajadores de FMO reclaman que se cumplan los compromisos que se asumieron hace apenas un mes, cuando el gobierno, tras una huelga de 12 días que terminó también con la militarización de las instalaciones, se sentó a dialogar con los trabajadores.
El paro en Minerven, también en Bolívar, se extiende ya por más de 30 días y no parece haber muchas ganas de diálogo en el horizonte.
La semana pasada observamos reclamos y protestas de trabajadores de diferentes empresas del estado, algunas por inconformidades los trabajadores hablaban de “imposiciones”- por algunos cambios en puestos gerenciales (Industrias Diana, el viernes pasado en Carabobo) o en Corpoelec, donde los trabajadores se quejan, hace tiempo que lo hacen, por la insuficiencia o falta total de implementos de trabajo.
Desde Sintrainces emitieron un comunicado donde denuncian también decisiones unilaterales de los directivos del Inces que “afecta la estabilidad de miles de facilitadores actualmente desempleados y de tercerizados despedidos”, según cuentan, entre otras cosas.
Simultáneamente, varios sindicatos de base del estado Bolívar, hicieron un llamado al gobierno para que se siente a negociar los contratos colectivos y cumpla con los compromisos con los trabajadores.
Un denominador común: el diálogo no parece estar en la agenda gubernamental.
Para solucionar los conflictos son indispensables el reconocimiento del otro y la negociación. Para negociar, es indispensable el diálogo. Y para que exista diálogo, hace falta voluntad política, que parece estar ausente, o por lo menos apuntando hacia otra parte.
