Empezó un nuevo año electoral y, mientras van pasando los meses, el clima de expectativa aumenta, pero antes de esa fecha es importante evaluar lo que nos presentan los candidatos de cara al 7 de octubre. Revisemos las propuestas en materia de seguridad ciudadana y de derechos humanos (DDHH), que hasta el momento han presentado.
Evaluar las propuestas de los candidatos a la luz de los derechos humanos da un matiz de cómo se vislumbraría su gobierno, de resultar electos. En nuestro país tenemos, por un lado, al presidente de la República, quien a través de su gobierno y las políticas públicas implementadas en el mismo ha mostrado cuál es su voluntad política en materia de derechos humanos. Durante su gobierno se han dado procesos de apertura para la sociedad civil organizada en la construcción de políticas públicas, siendo un ejemplo de esto la Comisión Nacional para la Reforma Policial, el Consejo General de Policía y más recientemente la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme: instancias que cuentan con la participación de ONG, comunidades, académicos, formando así equipos de acción multidisciplinarios. Se ha participado en iniciativas de integración regional como la CELAC, que tiene un compromiso con el derecho a la vida, la libertad, la seguridad personal, el no sometimiento a torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a no ser objeto de desapariciones forzadas; sin embargo, aún el Estado está en deuda con la creación de una ley que prevenga y sancione la tortura.
Ahora bien, en cuanto a los «Lineamientos para el Programa de Gobierno de la Unidad Nacional (2013-2019)», de resultar electo el candidato de la oposición, reflejan que el tema de los derechos humanos está orientado hacia el «estricto acatamiento de las decisiones o sentencias de los organismos internacionales encargados de la protección de los derechos humanos», mostrando así su vocación de fidelidad al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, con relación a las iniciativas de integración regional que se han impulsado en nuestro continente, la MUD plantea algunas reservas, ya que por ejemplo señala que promoverán la «reorientación de los objetivos de Unasur», aun cuando ya en el mismo tratado constitutivo de la Unasur se expresa que los estados miembros se comprometen a la preservación de valores democráticos y promoción de derechos humanos.
Por otra parte, con relación al desarme, la MUD expresa que están comprometidos con el desarme, pero guiado al «decomiso y la destrucción de las armas de fuego utilizadas por los delincuentes». Es decir que la oposición venezolana desconoce que el problema de la violencia con armas en nuestro país no deriva en quién tiene las armas, sino en la utilización de ellas por parte de cualquier civil. De igual forma, no hablan del control de las municiones, sino solo del desarme.
Queda mucho por recorrer antes del 7 de octubre; que se extienda entonces la invitación a los dos candidatos presidenciales para que continúen comprometiéndose con el país, y hablando del tema de los derechos humanos.
