Una precondición del disfrute de los derechos humanos es la existencia de organizaciones sociales y populares, autónomas e independientes, en tensión permanente con las instituciones estatales para su vigencia y pleno desarrollo. Una de las características ideales de los movimientos sociales es, y debe ser, su independencia de los poderes fácticos. Si una iniciativa social asume una determinada opción ideológica, desestima la pluraridad real existente en la sociedad y se transforma en un movimiento partidista, jerarquizando como consecuencia sus esfuerzos para alcanzar y mantenerse en el poder.
Una de las dimensiones de la autonomía es que los individuos deciden libremente las normas de funcionamiento de su emprendimiento grupal. Por ello asumen, sin coerciones externas, la forma organizativa más acorde con la cultura comunitaria del contexto del que forman parte. Es por ello que, de entrada, los movimientos sociales no necesitan más legitimidad que la alcanzada por el desarrollo y crecimiento de su propia iniciativa, y por el reconocimiento que sus pares hagan de sus esfuerzos. Cualquiera de las formas conocidas, como consejos comunales, cooperativas, asociaciones de vecinos y sindicatos, o por conocer y experimentar, son válidas para que los ciudadanos se reconozcan en el padecimiento de problemas y aspiraciones comunes y el esfuerzo asociativo para superarlos.
Una segunda característica de las organizaciones autónomas es que deciden su agenda de reivindicaciones, el motivo que los impulsó a juntarse, sin mediaciones externas. Este pliego de exigencias y deseos, y no otro, debe ser la principal motivación para la movilización y presión ante las instituciones, ocupando un alto porcentaje de sus esfuerzos colectivos. Los movimientos populares autónomos pueden y deben realizar alianzas y/o participar en redes para enfrentar problemáticas más universales, como por ejemplo el combate a la pobreza, manteniendo sin embargo su propia especificidad. Una organización deja de ser autónoma cuando participa dentro de un partido político o una coalición electoral, o se manifiesta para solicitar a otros movimientos populares, o a la ciudadanía electoral, votar por determinado candidato. Generalmente, la electoralización de los calendarios de trabajo y movilización de las iniciativas sociales es una de las razones más frecuentes de la pérdida de autonomía de los colectivos populares, postergando e hipotecando, para el día después de las elecciones, sus propias demandas.
Un tercer perfil lo debe constituir el funcionamiento democrático a lo interno de las organizaciones, con lo que se pueden experimentar modalidades de tomas de decisiones por consenso y mecanismos horizontales de democracia directa que cuestionen la delegación y la representatividad como formas únicas para el ejercicio de la democracia. Al organizarse por objetivos comunes y no por filtros ideológicos, los movimientos sociales autónomos reflejan en su interior tanto la propia diversidad de la sociedad que los cobija como un funcionamiento que prefigura profundizaciones de la propia democracia.
Por último, las organizaciones autónomas consideran que la obtención de recursos para su funcionamiento no condiciona ni posterga su agenda de reivindicaciones. Por lo general son muy cautelosas en recibir fondos que puedan entorpecer o distorsionar su propio proceso interno de organización, cohesión y autoestima colectiva. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), como parte del universo de iniciativas sociales, deben su nombre a que funcionan con dineros no provenientes de las arcas públicas, lo cual es una garantía de su independencia, de actuación y criterio, frente a los poderes estatales.
La discusión sobre la autonomía dentro de las organizaciones sociales no es un tema exclusivo de Venezuela. Por ejemplo, el investigador uruguayo Raúl Zibechi ha desarrollado la discusión en el contexto de los gobiernos latinoamericanos autodenominados progresistas. Al respecto considera que Las relaciones entre los movimientos sociales y los nuevos gobiernos, se enfrentan al desafío inédito de la implementación por parte de éstos de nuevas formas de dominación, en las cuales los planes sociales masivos son apenas uno de los múltiples pilares del control social. Para Zibechi el reverso de las políticas sociales destinadas “a aliviar la pobreza pero sin modificar la distribución de la renta”, son la subordinación estatal de sectores históricamente autoorganizados y movilizados por sus derechos para desviarlos de sus objetivos y cooptarlos dentro de la racionalidad de Estado. Al afectar la capacidad de articulación por la base de los movimientos más activos, se convierten en un factor que dificulta su expansión y crecimiento, lesionando, agregamos nosotros, el pleno disfrute de los derechos humanos. “La renovada potencia de las derechas –agrega el uruguayo- es una excusa excelente para introducir Estado en las prácticas sociales de los de abajo. Este objetivo no consiste sólo en la subordinación directa, sino las más de las veces en la instalación de lógicas de la separación, como la relación racional y calculada medios-fines, y otras que se derivan de ella, que conduce a los movimientos por cauces de acción y pensamiento que reproducen los moldes del sistema que los oprime”.
(*) Coordinador del Programa de Investigación
