Desde el año 2009 Provea denuncia el trato no igualitario que la ciudadana Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, brinda a los familiares y sobrevivientes de la Masacre de El Amparo en relación con el proceso de investigaciones de las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en la década de los años 80 en nuestro país.
La masacre de El Amparo ocurrió hace 22 años, un 29 de octubre de 1988. Se asesinó a 14 humildes personas, quienes fueron presentadas por el gobierno de Jaime Lusinchi como guerrilleros colombianos muertos al enfrentarse a militares y policías de Venezuela. La verdad se descubrió al poco tiempo: la masacre se perpetró para aparentar éxitos en la lucha antisubversiva. El 20 de agosto de 2008 los dos testigos sobrevivientes, acompañados de Provea y la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz, solicitaron en Fiscalía la reapertura del caso en la jurisdicción ordinaria.
La Fiscalía, año y medio después, informó que habían sido designados tres fiscales para el caso. Sin embargo, al revisar la Memoria y Cuenta 2009 del Ministerio Público se puede constatar que se realizaron actuaciones diversas para investigar la masacre de Yumare y Cantaura, pero no hay una sola referencia sobre la Masacre de El Amparo.
Valoramos de manera muy positiva se avance en los casos Yumare y Cantaura, pues es una deuda que se tiene con los familiares y la sociedad venezolana. Pero resulta inaceptable que ese mismo empeño no se realice en el caso masacre de El Amparo. Los familiares y sobrevivientes se preguntan: ¿Cuál es la razón por la cual se les da un trato desigual? El 29 de enero de 2010 en San José de Costa Rica, en audiencia de cumplimiento de sentencia realizada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Venezuela se comprometió a que a más tardar el 25 de junio de 2010 presentaría un cronograma con información puntual, clara y exhaustiva sobre todas las gestiones que realizaría para investigar los hechos, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables; las posibles fechas de tales gestiones, y las instituciones o personas que las llevarán a cabo. Cumplida la fecha, el gobierno no presentó dicho cronograma.
Convocamos a las organizaciones sociales, partidos políticos, a los comités de víctimas, a las individuales sensibles que conscientemente exigen No a la Impunidad de las violaciones de Derechos Humanos a que le reclamen a la Fiscalía General cese a la discriminación con los familiares y los dos sobrevivientes de la masacre de El Amparo y exigir se aceleren las investigaciones, se determinen responsabilidades y se sancione a los autores intelectuales, materiales y cómplices de la masacre.
Durante 22 años Provea ha luchado contra la impunidad porque considera que la sanción a los responsables de violaciones a los derechos humanos es una forma de prevenir que se repitan. Además, es una manera de reparar el daño causado a las víctimas. La lucha contra la impunidad es un deber y una responsabilidad de todas y todos.
Fuente: Tal Cual 29.10.10
MARINO ALVARADO B.
Coordinador General de Provea [email protected]
