El 3 de febrero de 2014. José Bodas, Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleos de Venezuela y nueve dirigentes sindicales son detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por protestar el retraso en la discusión del contrato colectivo y repartir volantes en la refinería de PDVSA en Puerto la Cruz, Estado Anzoátegui. Fueron enjuiciados por la presunta comisión del delito de violación de zona de seguridad.
Casos como el de los 10 sindicalistas petroleros detenidos por militares evidencian la criminalización de la protesta laboral, en un contexto donde el entorno económico y la caída del poder de compra del salario ha sido el principal detonante del aumento de la conflictividad en el país. El malestar laboral pudiera agravarse en 2015 en medio del agudizamiento de la crisis.
EL DINERO NO ALCANZA
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en su informe Situación de la conflictividad laboral en Venezuela, presentado el 11 de marzo de este año, señala que en 5 años (2010 – 2014), se registraron 27.832 protestas, el 40% de ellas por motivos laborales —uno de los índices más altos de América Latina—, cuyas principales demandas son salario justo, respeto a las convenciones colectivas y a la libertad sindical; con expresiones de movilización como concentraciones, cierre de calles, paros y huelgas.
Es relevante destacar que de acuerdo al estudio de reciente presentación por parte de las universidades Simón Bolívar, Católica Andrés Bello y Universidad Central de Venezuela, titulado Análisis de Condiciones de Vida de la Población Venezolana 2014: “solo 20% de la masa laboral goza de sindicatos de una población de 13,5 millones de trabajadores activos, y apenas 29% tiene contratación colectiva.”
El defensor de Derechos Humanos Marino Alvarado, afirma que desde el año 2000 se desarrolla una política de Estado contra la libertad sindical “expresada en obstáculos para el registro de organizaciones sindicales cuyos promotores son considerados críticos al gobierno, negación por parte de patronos públicos de permisos sindicales, despido de sindicalistas de centros de trabajo en flagrante violación del fuero sindical, descalificación pública; hostigamiento policial, detención, apertura de juicios penales e incluso encarcelamiento por participar en manifestaciones pacíficas u organizar o participar en huelgas”.
¿LIBERTAD SINDICAL O BUROCRATISMO?
Si bien la normativa internacional establece que los sindicatos para la defensa de trabajadores pueden constituirse sin autorización previa, con autonomía en su funcionamiento y protección especial del Estado; la legislación venezolana es una de las más regulatorias e injerencistas a escala mundial. Sólo en la reciente Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) existen 145 artículos que controlan su actividad —lo que obstaculiza en exceso su funcionamiento, ocupándolo en tareas administrativas que lo apartan de la agenda reivindicativa.
Esta burocratización trae consigo la facultad del Estado de admisión o no de pliegos y huelgas; además de la paralización de convenciones colectivas de trabajo que a su vez opera como táctica de desgaste de los trabajadores y su dirigencia. Son ilustrativos casos como el del Inces, donde luego que el sindicato Sintrainces cumplió con todos los formalismos procedimentales; los Ministerios de Planificación, y del Proceso Social Trabajo, retardan injustificadamente los lapsos legales y por ende el inicio de la discusión del contrato.
Otro ejemplo reciente fue la suspensión por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de los comicios del sindicato Sutiss de la empresa del Estado Sidor, por una supuesta violación de los plazos internos. De estos escollos legales también se aprovechan empresas del sector privado y gobiernos locales de oposición.
La Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha pronunciado sobre Venezuela: “la Comisión considera que la reglamentación de los procedimientos y modalidades de la elección de dirigentes sindicales debe corresponder a los estatutos sindicales y no a un órgano ajeno a las organizaciones de trabajadores”.
PARALELISMO Y ESTRUCTURAS DIVISIONISTAS
Desde el Estado se han promovido organizaciones paralelas con el fin de dividir a los trabajadores y dispersar sus luchas. La consecuencia más grave ocurrió en el sector construcción donde algunos sindicatos paralelos se convirtieron en mafias dedicadas a cobrar a cambio de empleo en las obras. Esta práctica devino en conflictos de poder que suelen dirimirse con violencia y muerte. Las cifras de Provea refieren más de 400 trabajadores asesinados desde el 2005 al 2014, con grave omisión del Estado vista la impunidad de los responsables.
El gobierno argumenta que al haber registrado 50% más sindicatos que en los períodos anteriores, demuestra la garantía plena de la libertad sindical. No obstante, desde el movimiento de los trabajadores se considera esto como una falsa premisa, toda vez que la libertad sindical es un concepto mucho más amplio, y la creación de sindicatos paralelos subordinados a líneas partidistas fragmenta sus luchas. La verdadera unidad y democracia sindical consistiría en un sindicato fortalecido con numerosos agremiados y elecciones periódicas donde se renueven y legitimen sus directivas, y no que por cada aspirante a dirigir se cree un nuevo sindicato sin ninguna elección previa.
A ello se suman novísimas estructuras como los “consejos de trabajadores” para el control obrero —que en muchos casos terminan en obreros controlados por el partido—, y la más reciente “milicia obrera”, órgano contra-natura que pretende fusionar la irreverencia contestataria del movimiento obrero con la subordinación militar, a objeto de ejercer un control vertical y militarista de las relaciones de trabajo.
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA LABORAL
De acuerdo a la ONG Provea, más de 130 sindicalistas han sido sometidos a procesos penales; con libertad restringida, presentación periódica y cárcel, destacando el caso de Rubén González, quien estuvo preso año y medio por liderar una huelga de 21 días en la empresa Ferrominera. Las protestas, manifestaciones y huelgas, mecanismos históricos de lucha del sector, han sido criminalizados a través de leyes como el Código Penal, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, y más recientemente, la Resolución N° 008610, que autoriza a la Fuerza Armada Nacional a intervenir en el control de manifestaciones ciudadanas, incluso con armas mortales, incluyendo las que realicen los trabajadores en defensa de sus derechos.
La Comisión de aplicación de Normas de la OIT también se ha manifestado al respecto:
“La Comisión toma nota con preocupación de diferentes disposiciones del Código Penal y otra leyes tendentes a restringir el ejercicio de los derechos de manifestación y de huelga y criminalizar las acciones sindicales legítimas, así como el clima de intimidación hacia las organizaciones sindicales o de empleadores y dirigentes de las mismas no afectas al gobierno (…) El ejercicio pacífico de los derechos de protesta y de huelga no debe dar lugar ni a detenciones ni a sanciones penales. (…) La Comisión expresa su profunda preocupación ante las graves y diferentes formas de estigmatización e intimidación. Al igual que el Comité de Libertad Sindical, la Comisión llama una vez más la atención del Gobierno de Venezuela sobre el principio fundamental de que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden desarrollarse en un clima exento de violencia, intimidación y temor.
CONSOLIDACIÓN SINDICAL: TAREA PENDIENTE
El Informe del OVCS concluye señalando que el sindicalismo en Venezuela vive sumergido en uno de sus mayores males: atomización de sus luchas. En 15 años, no ha existido la consolidación de una central obrera que sea la portavoz de consenso frente al gobierno y los empresarios.
Para Carlos Navarro, Presidente de la Alianza Sindical Independiente (ASI), cuando existe una política de estado contra los derechos sindicales desaparece el estado de derecho, se genera un proceso de regresividad jurídica y se produce un escenario que convierte en terroristas a los trabajadores que exigen respeto a sus derechos.
“La autonomía sindical está en el centro de la crisis del sindicalismo venezolano porque ha sido secuestrada por algunos dirigentes que han permitido la tutoría de los partidos políticos viejos y nuevos, y se han subordinado a los intereses del patrono público y privado.”
Finaliza Navarro alertando que “el liderazgo sindical responsable y militante de nuestro país no puede quedarse a contemplar inmóvil el desastre que produce la ausencia en Venezuela de una verdadera central sindical. Mientras los trabajadores no tengan una herramienta nacional de lucha, la dirigencia será cómplice del despojo constante y masivo de nuestros derechos colectivos como la libertad sindical, la contratación colectiva y el derecho a huelga”. (Publicado en El Estimulo)
