A inicios de febrero de 2014 comenzó a realizarse una serie de protestas estudiantiles, todas espontáneas, principalmente en contra de la inseguridad. Salvo la de Táchira, ninguna fue reprimida.
Llegó el Día del Estudiante y éstos salieron a la calle, con la debida notificación, en diferentes ciudades del país y de manera masiva, exigiendo la libertad de los 6 estudiantes que habían sido sometidos a un juicio sumario en un establecimiento militar y trasladados de inmediato a la cárcel de Coro. El hecho simultáneo y multitudinario tomó por sorpresa tanto al gobierno como a sus opositores. El desenlace, aún impune, es por todos conocido.
Tan solo en Caracas se produjeron el 12 de febrero más de 80 detenciones. El mensaje era claro: aún con el “permiso” no se tolerarían más protestas. Éstas eran producto, se dijo, de un plan golpista de la derecha fascista. De esta manera, se descalifica el carácter social de las manifestaciones y se las coloca en un plano político, con toda la carga propagandística a que ya nos tiene acostumbrado el gobierno, y en coordinación con las demás ramas del Poder Público que asumió la tarea de detener, presentar cargos penales, encarcelar y hasta negar a priori las denuncias de tortura.
Para que no hubiera dudas sobre el asunto, el 17 de febrero Caracas es declarada por su alcalde como “territorio libre de fascistas”, hecho que fue emulado en días siguientes por algunos alcaldes de Miranda y Aragua. Tras estas declaratorias, las protestas se concentran principalmente en municipios donde había la posibilidad de ejercer el derecho a manifestar sin temor a una brutal represión, aunque en varias oportunidades ésta se repitió.
Lejos de disminuir, las manifestaciones aumentaron y con ellas el nivel de represión, con su saldo de detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza y ataques a residencias. Pero, a pesar de la censura, las informaciones estaban saliendo. Comenzaban a llegar decenas de corresponsales extranjeros y hasta Unasur comenzó a (pre)ocuparse de la situación. En paralelo, silenciosa e invisibilizada, se mantenía la protesta social. Por lo que llega el momento de cubrir de legalidad la represión, que para el momento ya sumaba más de 2.500 detenciones a nivel nacional.
Curiosamente, el 27 de marzo, día en que Unasur anuncia que emitirá un conjunto de recomendaciones para impulsar el diálogo en Venezuela, el alcalde del municipio Guacara presenta ante el TSJ un recurso de interpretación sobre el artículo 68 de la Constitución que garantiza el derecho a la manifestación pacífica.
A partir de la decisión del TSJ del 24 de abril, desde finales de ese mes y durante el mes de mayo, no solo se ha obstaculizado el desarrollo de marchas, aún aquellas que habían sido debidamente notificadas, sino que crece el número de detenciones masivas, registrándose casos en Caracas de más de trescientas cincuenta detenciones en dos episodios. Se produce el desmantelamiento, en una operación tipo comando, de tres campamentos de jóvenes en Caracas y varios más en el interior del país.
Aumenta el número de personas pasadas a tribunales y éstos incrementan el uso de la fianza como mecanismo para retardar la libertad de los detenidos, a veces por más de diez días; la cuantía de las fianzas también aumenta, dificultando más la posibilidad de conseguir fiadores en un tiempo breve. También en este corto período se produce en Caracas un incremento del 150% de la privación de libertad de detenidos, en relación con todas las privativas que habían sido dictadas durante los tres meses previos.
La interpretación del artículo 68 de la Constitución, es el elemento que pretende darle un piso de legalidad a la represión que ya se venía produciendo y que, a partir de ese momento, entra en una nueva etapa.
La protesta social espontánea sigue aumentando al mismo ritmo de la inflación y la escasez. Con más claridad que una reina de belleza, la gente ha optado por no pedir permiso. El perdón tendrán que pedirlo otros, cuando llegue la hora de la justicia de estos delitos imprescriptibles.
