Los Derechos Humanos son atributos de todo ser humano, por el solo hecho de serlo, inherentes a su dignidad, reconocidos en el derecho internacional, que todo hombre y mujer tiene que conocer, y el Estado tiene que respetar y garantizar, organizando su acción para satisfacer la plena realización de los mismos.
Luego que los Derechos Humanos fueran consagrados en la Declaración Universal el 10 de enero de 1948 como una aspiración de los pueblos del mundo, han sido igualmente considerables distintos acuerdos y tratados internacionales suscritos por los diferentes países, entre ellos Venezuela.
El avance ha sido significativo en cuanto al reconocimiento de los mismos, también en las Constituciones propias de los países, se observa claramente un avance. El caso de Venezuela es emblemático: todo nuestro marco constitucional desarrolla la preeminencia de los DDHH, al desarrollarlos tanto de forma general como específica en cuanto a cada uno de los 30 derechos consagrados en la Declaración Universal.
Desde el propio preámbulo, la CRBV indica que la consolidación de valores supremos como la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley debe asegurarse de acuerdo a la garantía universal e indivisible de los derechos humanos. En su artículo 2 plasma que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna entre otros aspectos, la preeminencia de los derechos humanos.
No solo de forma general son bien tratados los DDHH en la Carta Magna, también en lo específico, veamos algunos ejemplos contrastándolos con la realidad que se vive en nuestro país: “El derecho a la vida es inviolable”, sentencia el artículo 43. La vida es sagrada pues, en un país donde hay casi 70 asesinatos diarios y el porcentaje de impunidad está alrededor del 90 % de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia.
Según el artículo 58 “La comunicación es libre y plural. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”. Pública y notoria es la “hegemonía comunicacional” que ejerce el gobierno en Venezuela, como ellos mismos lo han llamado.
La salud es un derecho social fundamental, consagrado en los artículos 83, 84 y 85, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida.
Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud. El financiamiento del sistema público nacional de salud es obligación del Estado. Dramáticamente vulnerado por el Estado este derecho.
Y así sucesivamente se observan en la CRBV cada uno de los DDHH, así como su violación sistemática por los órganos del poder público en la actualidad.
La pregunta clave es; ¿Qué es lo que no sirve?, ¿Qué es lo que está mal?, la Constitución o quienes desde el poder tienen la responsabilidad de cumplirla y garantizar los Derechos Constitucionales del Pueblo venezolano, pregunta crucial debido a que la respuesta nos indica claramente que es lo que hay que cambiar.
Este análisis es importante sobre todo cuando vemos actores políticos que, a nuestra manera de ver, no tienen claridad sobre el tema que hoy nos ocupa en este artículo: afirmar que los problemas se resuelven con una nueva Constitución es abandonar de plano todos los derechos, garantías y posibilidades de cambio consagrados en la actual normativa, defendida por cierto en el año 2007 por el movimiento estudiantil y el pueblo venezolano cuando se impidió la pretendida reforma de 69 artículos que la desmejoraban. Es claro que no consideramos acertada una Constituyente en estos momentos.
Estamos convencidos que de lo que se trata es de hacer conocer la Constitución y los derechos en ella consagrados a toda la ciudadanía, elevar el nivel de conciencia de la población donde los derechos, garantías, libertades y obligaciones de cada individuo sean entendidos de manera clara por todos y todas.
Donde cada venezolano sepa identificar los derechos que se le vulneran y se disponga a organizarse y luchar para defenderlos y hacer que se le garanticen.
