Los acontecimientos ocurridos recientemente en la sede de Capturas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en El Rosal, vinculados a la muerte de tres ciudadanos detenidos (dos por presuntas prácticas de tortura), revivió un fuerte debate en torno a este flagelo contra los derechos humanos que aún persiste en muchos cuerpos policiales del país. Además, generó una multiplicidad de acciones y reacciones que no pueden pasar por debajo de la mesa y llaman a la reflexión, al debate y sobre todo al compromiso con la transformación de todos y cada uno de los órganos que conforman la estructura de administración de justicia en el país.
Desde hace muchos años diversas organizaciones de derechos humanos han venido planteando la necesidad de producir reformas profundas, estructurales y culturales en los cuerpos de seguridad ciudadana. Las dinámicas democráticas en el continente y particularmente en nuestro país a partir del año 1999 con la nueva Constitución, no dejan lugar a dudas sobre la imperiosa urgencia de desterrar prácticas y enfoques propios de otras oscuras y pasadas épocas de nuestra historia, para trascender a un modelo de seguridad profesionalizado, eficiente, concebido como servicio público, con sustento humanista y celoso del respeto a los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, lograr ese objetivo no ha sido fácil. Visiones reaccionarias supieron imponerse. Tuvieron que pasar décadas para que finalmente se afrontara la reforma policial en Venezuela; proceso del cual ahora se van viendo, a la luz de pocos años, los primeros resultados esperanzadores.
Pero ese proceso transformador, iniciado de cara a las policías de proximidad, no tuvo el mismo eco en el órgano de investigación criminal. A pesar de las reiteradas denuncias de abusos cometidos por ese organismo durante varios años, no fue sino hasta ahora que se logró conquistar la voluntad política para entrarle a un proceso de cambios y proceder a enderezar lo que lleva años torcido. Decisión que llega desde la más alta instancia ejecutiva, con el mandato presidencial de aplicar asistencia técnica al Cicpc, pero además implementar un proyecto de transformación radical de ese cuerpo.
Esta decisión, que aplaudimos y apoyamos contundentemente, llega lamentablemente de la mano de tres víctimas de un sistema judicial que está obligado a ser revisado. En justicia, acá no solo cabe la reforma del Cicpc sino la revisión profunda y sin tapujos de todo el sistema, vale decir, el Ministerio Público, los tribunales y el sistema penitenciario.
Ojalá las tres vidas segadas en los calabozos del Cicpc sean abono del compromiso efectivo, expresado en tres vertientes: 1) la lucha frontal contra la impunidad; 2) una reforma penal que traiga celeridad procesal y respeto a las garantías judiciales de toda persona procesada; 3) la erradicación de todas las prácticas atentatorias contra la vida y la integridad de las personas que están bajo custodia policial. Si logramos esos cambios, al menos estas muertes no habrán sido en vano.
Pablo Fernández
Coordinador de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
