Algunas personas piensan, a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que favorece a Leopoldo López, que este organismo tiene como función erosionar la soberanía de los países beneficiando a determinado tipo de actores políticas, con capacidad económica para influir en las decisiones de los magistrados. Esta apreciación es falsa por dos razones: La primera porque es nuestra propia Carta Magnan, pues en el artículo 23 se establece que los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. En segundo lugar porque dicha afirmación desconoce olímpicamente las anteriores sentencias de la CIDH contra Venezuela, que precisamente benefician a personas que difícilmente pudieran ser calificadas como oligarcas. Como se recordará, ante la imposibilidad de alcanzar justicia ante los sucesos de febrero y marzo de 1989, las víctimas de la represión indiscriminada por parte de las fuerzas militares acudieron a esta instancia internacional de protección a los derechos humanos. La decisión logró lo que no pudieron los tribunales locales: obligar a “una investigación efectiva de los hechos de este caso, identificar a los responsables de los mismos, tanto materiales como intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda”. Como sabemos, el Estado ha incumplido esta sentencia, y se ha limitado a las reparaciones materiales.
Otra sentencia del CIDH incumplida por el Estado venezolano ha sido la correspondiente al 18 de enero de 1995 sobre el caso de El Amparo, hecho que el pasado 29 de octubre cumplió 23 años. Como se recordará esta masacre fue perpetrada por efectivos militares y policiales del “Comando Específico José Antonio Páez” (CEJAP), quienes en esos momentos, presuntamente, realizaban un operativo militar denominado “Anguila III”. Como consecuencia del ataque fueron asesinadas 14 personas. Un hecho típico de lo que se conoce como “falso positivo” donde se quitó la vida a inocentes para aparentar la lucha efectiva contra la subversión en la frontera.
Por ausencia de justicia en el país, los familiares de origen humilde con el apoyo de Provea presentaron el caso en el Sistema Interamericano de Protección de los DDHH. El Estado de Venezuela, el 11 de enero de 1995, admitió su responsabilidad por los hechos ocurridos. Fue en la Comisión Interamericana de DDHH y luego en CIDH donde se pudo demostrar que lo que pretendió ser presentado como un enfrentamiento con guerrilleros realmente había sido una grave violación a los derechos humanos. En esas instancias internacionales que hoy pretende el gobierno desprestigiar fue como los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes obtuvieron un poco de justicia.
El 14 de septiembre de 1996, la CIDH mediante sentencia ordena al Estado venezolano continuar las investigaciones de los hechos y sancionar a los responsables. El 29 de enero de 2010 la Corte Interamericana en su función de supervisar el cumplimiento de sus decisiones convocó al gobierno venezolano y a la organización Provea a una audiencia en su sede en la ciudad de San José, Costa Rica.
En esa audiencia la Corte ordenó que el gobierno debería presentar a más tardar el 25 de junio de 2010 un cronograma con información puntual y clara sobre todas las gestiones que realizaría para investigar los hechos, identificar, y sancionar a los responsables; las posibles fechas de tales gestiones, y las instituciones o personas que las llevarían a cabo. El gobierno se comprometió a cumplir ese mandato. Tras 16 meses de vencido el plazo dicho compromiso se continúa incumpliendo. Mientras tanto impera la impunidad y las víctimas esperan justicia.
Desde las altas esferas del gobierno y otras autoridades estatales existe un doble discurso. Mientras se afirma condenar esta masacre y otras como la de Cantaura y Yumare, se protege a los asesinos. Varios de quienes participaron en la masacre han ocupado y ocupan cargos en el gobierno. La Fiscal General se niega reunirse con las víctimas y no informa sobre las investigaciones que deben realizarse. Los archivos en poder de la Fuerza Armada y el Sebin no se desclasifican. Y lo que no es menor, y algunos intentan “olvidar”, es que algunos de los autores materiales e intelectuales de la Masacre de El Amparo han ocupado altos cargos durante la administración del presidente Chávez. Por ejemplo, Ramón Rodríguez Chacín, quien fue durante dos ocasiones ministro de interior y justicia.
¿Bajo qué argumento un gobierno que afirma su vocación humanista y justiciera con los crímenes del pasado tolera, como parte de los suyos, a responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como el diputado Roger Cordero Lara, piloto del avión que bombardeó a los insurgente en la Masacre de Cantaura? ¿No son estas inconsecuencias y contradicciones las que verdaderamente atentan contra la soberanía del país?
