En los dos últimos años, en el marco de las protestas, Cofavic ha monitoreado unos 150 casos individualizados donde presuntamente se aplicaron torturas
E l esclarecimiento de un solo caso de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes además de ser una obligación ineludible de carácter constitucional e internacional, configura una oportunidad muy importante para un Estado democrático que está decidido a evitar que este tipo de crímenes tan graves se repitan, creando consciencia sobre el repudio de los mismos, dejando claro que el Estado no los promueve como política institucional, generando un efecto de inhibición a quienes podrían cometerlos en el futuro y reparando a las víctimas.
Y hay que destacar que estas acciones configuran una distinción muy importante entre el accionar de un Estado con desempeño democrático y el de un régimen autoritario.
El Estado democrático está en la obligación, tanto discursiva como en la práctica, de no tolerar estos casos y de promover de manera efectiva todas las medidas administrativas, penales y civiles que sean necesarias para el castigo a los responsables y la protección de las víctimas.
Por ello las señales institucionales a priori siempre deberían estar dirigidas a proteger a las víctimas, generarles confianza institucional para que denuncien sus casos evitando represalias ulteriores, así como debilitando y aislando el accionar de los criminales.
En noviembre 2014 el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT en sus siglas en inglés) revisará la situación venezolana en el marco de sus acciones periódicas que se derivan de sus competencias. Esa será una oportunidad para que el Estado venezolano presente información creíble sobre su accionar en contra de la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes siguiendo los estándares internacionales en esta materia.
En nuestra experiencia, durante 25 años, la mayor parte de los casos de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes estuvo unida a ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas, como violaciones múltiples de derechos humanos, y a la situación carcelaria.
A este patrón se agregan más recientemente, casos de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes como mecanismos de represión política y en el auge de la inseguridad bajo el accionar de grupos parapoliciales.
Según nuestra data, una fecha que puede constituir un punto de inflexión del aumento de estos casos son las modalidades de represión utilizadas en el 2014, para enfrentar una serie de protestas y disturbios protagonizados por sectores identificados con la oposición, orientados a reclamar la activación del referendo revocatorio al cargo de Presidente de la República.
En los dos últimos años, en el marco de protestas sociales, hemos monitoreado unos 150 casos individualizados, en los cuales podríamos estar frente a presuntos delitos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, la mayoría de ellos en el marco de la represión de las protestas sociales del 2013 y 2014.
Debemos precisar que COFAVIC en la documentación y denuncia de casos de presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, sigue los estándares internacionales establecidos que no hacen una distinción para establecer categorías independientes. Cuando se hace una distinción de estos delitos se crea un grave esquema de impunidad, que intenta ocultar la gravedad de los mismos, proteger y encubrir a los autores.
La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen una afrenta a la sociedad, menoscaban espacios vitales de la democracia y son un potenciador de la violencia. La lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes debe convocarnos a todos. La indiferencia es otra forma de complicidad.
