La “menos destrozada” de las briqueteras, Orinoco Iron, trabaja con cierta precariedad, a 40% de su capacidad ya que los trabajadores reactivaron, con repuestos viejos y usados, reconstruidos por ellos mismos, dos líneas activas, pero confrontan toda clase de problemas con los equipos de Seguridad Industrial así como con sus derechos laborales. Al parecer (los trabajadores no participan ni reciben información clara pese al cuento del “control obrero”) la escasa producción va a la exportación para financiar varias empresas.
Este mes se cumplió un año de la imposición por la fuerza política del Estado sin contrapesos institucionales y sobre todo la imposición militar a la fuerza del “contrato” en Sidor, violando la ley, la Constitución y los derechos sindicales. Fue el punto culminante de un largo conflicto de más de un año, ya que Sidor, es decir, el gobierno antiobrero, se negaba a discutir el contrato colectivo que ya sumaba más de 3 años vencido, violando -como siempre- la ley. La primera huelga, unos meses antes, nació en la base obrera, mediante asambleas de base en las diferentes plantas y se extendió. Una parte del sindicato se sumó al conflicto. Fue cuando Maduro, en una cadena, acusó a los trabajadores de Sidor de “ser pagados por la Embajada de EE UU”. Y la alocución de Cabello calificando a los trabajadores de “mafias”. El mismo truco indigno e inescrupuloso de criminalización que usan contra la oposición democrática y los luchadores sociales.
Aquel conflicto redujo la intensidad cuando Maduro, seguramente para “ganar tiempo” convocó a “discutir y resolver esto en 15 días en Miraflores”. Fue aguaje. El gobierno siguió “vacilando” a los trabajadores hasta que se desató, tras meses de espera, de nuevo la protesta, con trancas de calle, y luego con otra huelga. La “revolución” desató la represión policial y militar, coordinada con el cerco de censura en los medios de comunicación del gobierno y/o los controlados, que mentían sobre el conflicto. Fue cuando ocurrió “el madrugonazo” como operación política combinada con los medios arrodillados, pero la gigantesca marcha de protesta de ese día (censurada en esos medios pero imposible de ocultar) los desmintió. La militarización y la represión política se impusieron. Hay un “contrato” que nadie conoce, que no está “homologado” en la inspectoría, que tiene algunas cláusulas que se comenzaron a pagar y otras que quedaron “congeladas”. Todo al margen de la ley.
El remate de las violaciones a las leyes y a los derechos sindicales consagrados en la Constitución fue la suspensión arbitraria (que ya lleva 8 meses) de las elecciones sindicales en Sutiss-Sidor, usando subterfugios leguleyos. El gobierno usando las instituciones para evitar una profunda derrota oficialista. Tal como ahora maniobran -pero en mayor escala- contra las elecciones parlamentarias.
En el sector aluminio los sindicatos de las cuatro grandes empresas -Bauxilum, Carbonorca, Venalum y Alcasa- pudieron acordar, tras numerosas luchas y protestas, un contrato colectivo, hace más de dos años, pero nunca fue homologado lo que evidencia que es política de Estado restarle legalidad a esos derechos constitucionales. Para aquel entonces los contratos (que eran separados en cada una) tenían entre 3 y 5 años vencidos, en flagrante violación a los derechos sindicales. Ahora empieza el nuevo forcejeo con el gobierno antiobrero. Algo similar fue lo de Ferrominera donde aún se recuerda el peor episodio de la historia laboral de Guayana: la prisión, durante 17 meses del secretario general del sindicato, Rubén González por cumplir el mandato de una asamblea de hacer una protesta y huelga por la masiva violación del contrato por parte del patrono.
Es más que “gerentes burócratas”
En Guayana, como en toda Venezuela, hubo gente que tuvo legítimas expectativas con “el proceso”. Son cada vez menos. Revisen los resultados electorales comparados de las presidenciales de 2006 con los de 2012 y 2013. Verán el cambio, especialmente en las zonas, municipios y parroquias donde viven mayoritariamente los trabajadores de nómina de las empresas básicas y las no básicas. Y las luchas de calle y dentro de las empresas. Aún hay quienes se aferran a explicaciones como “son gerentes burócratas”. Hay algo de eso pero mucho más. El “estatismo salvaje” arruinador es una “ideología”. La gran corrupción roja, en las altas esferas, es otra causa. El desplazamiento de técnicos conocedores por fichas rojas rojitas y/o verde oliva. Incluso no hay que olvidar aquel documento del Plan Guayana Socialista 2019 (en realidad era el plan encubierto de crear un enclave estatista de la economía) que rezaba que “hay que eliminar los sindicatos porque son instrumentos de lucha y no de participación”. Es un plan totalitario, de dominación, semejante al de la “hegemonía comunicacional revolucionaria”, es decir a la censura total. Por todo eso, hay que “seguir luchando por Guayana y por Venezuela”. El 6D, con la Unidad es una fecha clave para avanzar en el cambio necesario.
