El pasado 09 de mayo del presente año, el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó su 24avo informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, correspondiente al año 2012.
Este informe presenta una investigación sobre 19 derechos humanos y entre ellos se hace un análisis sobre el derecho a la seguridad ciudadana. Este capítulo da a conocer la situación en la que se encuentra Venezuela y cuáles son los delitos imperantes en el país.
La inseguridad que vivimos es un problema de primer orden; de acuerdo a las investigaciones realizadas se estima que en los primeros 10 meses de 2012 se cometieron más de 222 mil delitos conocidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Este organismo policial tiene 159 tipos delictivos registrados, y de éstos los más frecuentes han sido el hurto, el robo de automóviles, delitos violentos en contra la mujer y la familia, las lesiones personales, posesión de drogas, el homicidio, robo de motocicletas, hurto de auto y la amenaza de muerte.
Las cifras oficiales arrojaron que durante todo 2012 se habían producido 16.000 homicidios, esto sin contar los enfrentamientos entre bandas o de resistencia a la autoridad, por lo que la cifra puede ser más elevada.
La situación de inseguridad que se vive en la actualidad es muy alarmante, de acuerdo al informe anual de Provea, el homicidio y la alta impunidad constituyen las más graves situaciones vividas en el país. Encontrándonos entre los 10 países más violentos de América Latina.
Esta situación se hace evidente al salir de casa y cuando escuchas que robaron a alguien en el transporte público, saliendo del banco, camino a su casa o manejando. Algo que se ha vuelto violento, ya que aún al entregar tus cosas no es garantía de que se respete la dignidad o la vida.
Lamentablemente los planes de seguridad que ha venido implementando el Estado han sido poco eficientes. La inseguridad crece cada día más, y existe desconfianza y temor hacia los mismos cuerpos de seguridad.
El Estado ha perdido el control de la situación, quien tiene el deber de ser el garante de la seguridad ciudadana, y así lo establece el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una ley especial.
Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley.”
Es necesaria una pronta intervención del Estado, quien no debe pretender que con militarizar las políticas de seguridad se resolverá la situación de inseguridad. El gobierno debe poner en marcha otros planes donde se vean reforzados y mejorados los cuerpos de seguridad.
Todos los niveles de gobierno, como alcaldías y gobernaciones, deben mancomunar esfuerzos junto al gobierno nacional, para solucionar este problema que afecta a todos los ciudadanos.
