El día de ayer 29 de octubre se cumplieron 24 años de la tragedia conocida como “Masacre de El Amparo” ocurrida en el año de 1988, donde 14 pescadores fueron asesinados por efectivos militares del Comando Específico José Antonio Páez, durante una operación conocida como “Anguila III”. Operación que tenía la tarea de luchar contra los grupos subversivos colombianos.
Los autores del crimen, para justificar la terrible acción, argumentaron que defendían la soberanía nacional por cuanto los pescadores eran guerrilleros colombianos que se encontraban en nuestro territorio, sin mencionar que casi todos estos pescadores eran venezolanos; como lo corroboraron dos de los sobrevivientes, de los 16 pescadores.
Las investigaciones del suceso fueron llevadas por los tribunales militares y de acuerdo a las averiguaciones, durante este proceso se evidenciaron una serie de irregularidades cometidas por los fiscales militares y jueces que favorecieron a los acusados, produciendo así impunidad.
Es así como en abril de 1992, el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal dictó una sentencia que declaró a los pescadores como componentes de un grupo subversivo colombiano, como lo señalaban los acusados de los asesinatos. Sentencia que luego fue ratificada por la Corte Marcial el 12 de junio de 1994.
Es entonces en 1990, cuando los sobrevivientes luego de vivir terribles experiencias que incluían amenazas, con el apoyo del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), algunos parlamentarios y otras organizaciones nacionales e internacionales, hicieron un petitorio ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; organismo que abrió el caso en agosto de ese mismo año.
El 12 de octubre de 1993, la Comisión publicó un informe recomendando al gobierno de Venezuela que investigara y castigara a los culpables de la masacre de El Amparo y se indemnizara a las víctimas.
Ante la negativa del gobierno de entonces, encabezado por Ramón J. Velásquez, la Comisión de Derechos Humanos presentó en 1994 el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 11 de enero de 1995, el nuevo gobierno de Rafael Caldera, reconoció que había ocurrido un crimen y se comprometió a indemnizar a familiares y sobrevivientes de ésta tragedia, por lo que el 18 de enero de 1995, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta lo que será la primera sentencia de una organización internacional contra el gobierno venezolano por un caso de violación de los derechos humanos.
La misma Corte en 1996 dictó una nueva sentencia donde se establecían las reparaciones que el Gobierno debía hacer a los afectados. En este dictamen el Estado venezolano quedó obligado a indemnizar a las víctimas, investigar y sancionar a los culpables de los hechos.
Víctimas que no consiguieron una sentencia favorable en los órganos internos de justicia, pero sí en el sistema internacional, específicamente en la Corte, que hoy en día es denunciada por nuestro País.
A 24 años de este hecho cometido por militares y policías contra estos hombres venezolanos, la justicia aún no llega. Si bien los familiares y los dos pescadores sobrevivientes fueron indemnizados económicamente, los culpables siguen libres y, algunos hasta gozan de privilegios y de poder político.
En Venezuela, hoy más que nunca, esperamos que el Estado actúe como garante de la protección de los derechos humanos, resarciendo el daño moral a las víctimas, investigando y sancionando a los actores de la masacre.
