Muchas personas podrán preguntarse ¿si los Estados Unidos y la Unión Europea no tuvieron pelos en la lengua para presionar a Belgrado a entregar a Milosevic, a cambio del desembolso de más de un millar de dólares, incumpliendo con las garantías propias de una extradición, por qué razón Venezuela tendría que respetar el debido proceso en la entrega de Montesinos a Perú?
Traemos a colación estos dos casos pues se trata de dos hombres que encumbrados en el poder del gobierno cometieron delitos y violaciones graves a los derechos humanos, los dos deben afrontar acusaciones penales y los dos han sido entregados –por llamarlo de alguna manera- por los Estados bajo cuyas jurisdicciones se encontraban, obviando el proceso de extradición.
Por un lado, Slobodam Milosevic, ex presidente de la República Federal de Yugoslavia, debe comparecer ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) para la ex Yugoslavia (un tribunal ad-hoc) para responder por los cargos que le hiciera su procuradora y que podrán constituir cargos de genocidio, por la campaña que adelantaron en 1999 las fuerzas armadas bajo su mando contra los civiles albaneses de Kosovo y que consistió en el uso sistemático del terror y la violencia mediante masacres, destrucción a gran escala de pueblos, ciudades, viviendas, cultivos y bienes personales, por razones políticas, raciales o religiosas, para provocar la expulsión forzada de cerca de 740.000 personas. Milosevic se encuentra actualmente preso en La Haya (Holanda), en la prisión del TPI.
Por otra parte, Vladimiro Montesinos, ex agente del Estado peruano, deberá hacer frente ante tribunales peruanos a cargos por delitos comunes y, gracias a la denuncia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, también deberá responder por violaciones a los derechos humanos que además constituyen crímenes contra la humanidad, y que significaron el uso sistemático del terror y la violencia, en especial durante los noventa, por los servicios de seguridad bajo su mando contra civiles y contra no combatientes y que consistieron en torturas, asesinatos, masacres, desapariciones forzadas y encarcelamientos mediante procesos fraguados y en condiciones de detención destinadas a destruir física y espiritualmente a los prisioneros. Montesinos se encuentra hoy preso en Perú, en una prisión que, paradójicamente, él mismo ayudó a concebir.
Una jurisdicción internacional y una jurisdicción nacional decidirán la suerte de dos presuntos criminales del mismo tipo. Sin embargo, los dos casos empiezan con el pie izquierdo: no se ha respetado el debido proceso, que es una de las garantías del derecho humano a la justicia que tiene todo imputado, llámese Montesinos, Pinochet o Milosevic.
Investigar y juzgar a personas acusadas de crímenes tan graves es un deber de los Estados y de la comunidad internacional. Pero ello no significa que para cumplir con ese deber se permitan procedimientos que violenten el Estado de Derecho y los tratados internacionales de derechos humanos, como ha sucedido en los casos a que hacemos referencia. Desde los TPI de Nüremberg y Tokio que enjuiciaron a los criminales –los vencidos, claro- de la Segunda Guerra Mundial, pasando por el TPI para Ruanda y el TPI para la ex Yugosla via, se ha relevado el reto de crear mecanismos que garanticen una justicia que se hace imprescindible para la supervivencia de una humanidad multiétnica, pluricultural, con fundamentos éticos, tolerante y respetuosa de la dignidad de todos los seres humanos y de los pueblos.
En ese sentido, Venezuela debe aportar a ese fin común, adecuando y respetando los mecanismos de cooperación penal internacional, en particular los procedimientos de extradición que, dicho sea de paso, actualmente niegan aún el principio de la doble instancia (recurrir el fallo ante un juez superior), como lo constató el Comité de la ONU contra la Tortura en 1998, en el caso de la ciudadana peruana Cecilia Núñez Chipana. Igualmente, debe adoptar los procedimientos de cooperación penal con la futura Corte Penal Internacional, de cuyo Estatuto (Roma, 1998) Venezuela es Estado parte desde el pasado 7 de junio de 2000.
Calixto Avila Rincón
Miembro del Área de Defensa de Provea
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