Mañana 29 de octubre concurrimos a las 5 pm en Washington, a la audiencia pública que nos ha concedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Una cita ineludible que congregará la tarde de este viernes la agenda temática de Venezuela, en cuatro jornadas de sesiones de trabajo; tres de ellas presentadas por defensores de derechos humanos y la otra por el Estado: Las audiencias estarán referidas a:
1. Institucionalidad Democrática y Defensores de Derechos Humanos en Venezuela (Audiencia Privada).
2. Situación del derecho a la libertad de expresión e Información en Venezuela (Audiencia Privada).
3. Audiencia sobre la Situación de Derechos Humanos. Es pública y ha sido concedida al Estado venezolano. En ella presentará los «avances» que consideran las autoridades de nuestro país existen sobre la materia.
4. Audiencia sobre Seguridad Ciudadana, cárceles, diversidad e igualdad sexual, donde los representantes del Foro por los Derechos Humanos y la Democracia haremos denuncias importantes de violaciones que ocurren en este sentido en Venezuela.
En esta audiencia, en nombre de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional informaremos en concreto sobre: La Doctrina de Seguridad Nacional en ejecución por parte del Gobierno del presidente Chávez y su impacto sobre derechos civiles y políticos de los ciudadanos.
Esto se traduce en los efectos de la militarización del modo de vida de los venezolanos en los más diversos aspectos, direccionados a la consecución de una sociedad subordinada y obediente al Comandante en Jefe y la Revolución.
Referiremos la permisividad del Estado frente a grupos armados al margen de la Ley, la opacidad del Estado en su deber de rendir cuentas e informar sobre políticas publicas de seguridad y defensa, que considera el gobierno son todas secretas y discrecionales, el sistema de justicia militar uno de los mas retrasados del continente, que depende casi íntegramente del Poder Ejecutivo nacional, también hablaremos de las amenazas y la afectación a la propiedad y libre empresa fundada en los criterios seriamente cuestionables de «seguridad agroalimentaria» o de «interés estratégico nacional».
Acudimos una vez más a la Comisión Interamericana, en el derecho que nos brinda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de acudir al sistema internacional de protección de Derechos Humanos; a pesar del costo y las amenazas a la integridad personal que eso conlleva en Venezuela para los activistas de ONG y a pesar también del profundo desprecio que el Estado ha expresado en contra de la Comisión.
