El pasado viernes el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizó, por primera vez, el Examen Periódico Universal (EPU) a Venezuela, un mecanismo mediante el cual se mide el grado de cumplimiento de los países miembros en sus obligaciones en materia de derechos humanos. El EPU es un diálogo entre Estados donde interviene de manera indirecta la sociedad civil. Los Estados interrogan a los representantes del Gobierno venezolano sobre situaciones específicas de la realidad del país en cuanto a la garantía de los derechos. Le solicitan que explique qué tipo de medidas adoptará para superar deficiencias existentes o para fortalecer políticas acertadas que viene aplicando. Los funcionarios responderán según su criterio.
La presentación del Estado venezolano hizo énfasis en los avances logrados en los derechos sociales, especialmente entre los años 2006 al 2008. Las organizaciones sociales, en los informes remitidos los cuales son tomados en cuenta por el Consejo de la ONU, visibilizaron los retrocesos en los derechos políticos, así como los estancamientos en algunos derechos sociales, como la vivienda. Como lo repitieron los activistas presentes en Ginebra, sitio de realización del EPU, el trabajo de las organizaciones no es a favor o en contra de gobierno, sino por la garantía de los derechos humanos para todos y todas, desde una perspectiva integral, lo cual incide en la calidad de vida de la población. Lamentablemente, algunos voceros del gobierno, incluyendo el primer mandatario, no tomaron el EPU como un espacio en donde se reforzarían sus políticas positivas y serían recomendadas medidas para revertir los flancos débiles, sino como una “batalla” que debía ser ganada. El Ministerio de Comunicación, insistentemente, desnaturalizaba las observaciones realizadas por las organizaciones de derechos humanos al categorizarlas como “pagadas por los Estados Unidos”, con lo que sugería su naturaleza mercenaria. Lo que no se percató el despacho de Andrés Izarra, funcionario que por cierto pidió protección tras los sucesos de abril 2002 a las organizaciones que hoy criminaliza, es que este tipo de campañas, precisamente, estaban bajo la lupa de la ONU como parte del hostigamiento contra la sociedad civil independiente del país.
Un avance de todo el proceso es que Venezuela aceptó ser parte del mecanismo, lo cual fue reconocido por el 72% de los países que pidieron la palabra en Ginebra para hacer comentarios sobre el país. El martes 11 se darán a conocer las recomendaciones producto del EPU, por lo que quedará de parte del Gobierno venezolano asumir con seriedad y responsabilidad estas medidas que lo que buscan es fortalecer la situación de los derechos humanos en el país. Ya el canciller Maduro ha intentado mediatizar el cumplimiento estatal a las mismas, sin embargo, ya el proceso está en marcha y lo que está sobre el tapete es la credibilidad del gobierno bolivariano ante el concierto internacional de naciones.
Mientras esperamos las resoluciones desde Suiza, Feliciano Reyna, miembro de Sinergia y Acción Solidaria, nos ha ampliado la información sobre lo que pasó en Ginebra el pasado viernes. 14 Estados, en sus derechos de palabra, felicitaron al país por sus políticas en derechos humanos: Arabia, Bielorrusia, Myanmar, Zimbabwe, Vaticano, República Dominicana, Sri Lanka, Siria, Irán, Argelia, Ecuador, Nicaragua y Cuba. 4 países hicieron énfasis en el liderazgo del presidente Chávez: Cuba, Nicaragua, Líbano y Siria. 46% de los países reconoció reducción de pobreza, 48% avances en educación, 30% en salud y 24% en alimentación. 26% de países con el uso de la palabra reconoció apoyo normativo y políticas a indígenas, 26% a mujeres y 14% a niños y adolescentes. 9 países versaron su intervención sobre la situación de violencia en el país, mientras que 11 a reformas policiales. 14 estados se refirieron a situación penitenciaria, entre ellos Turquía, Malasia, Vaticano, Brasil y Rusia. Por otra parte 16 países mostraron su preocupación por la falta de independencia del sistema judicial, provisionalidad de los jueces y fiscales, así como por la persistente impunidad en el país. 2 países solicitaron la libertad de María Lourdes Afiuni. 10 países pidieron garantías para el trabajo de defensores, defensoras y organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellos Brasil y Paraguay. 14 países, entre ellos Japón y Uruguay, solicitaron garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y trabajo de periodistas y medios de comunicación. 7 países, entre ellos Chile, Uruguay, Brasil y Australia, recomendaron extender invitación abierta a veedurías de derechos humanos internacionales.
El martes 11 de octubre, a las 5:30 pm hora de Ginebra, se difundirán las recomendaciones del EPU Venezuela. Queda de parte de la sociedad civil y de las organizaciones populares hacerle seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, en virtud de la próxima evaluación al Estado venezolano, la cual se realizará en el año 2015.
