Cuando uno habla con algún sobreviviente o familiar de una víctima letal de la violencia armada, verifica sus sentimientos de desatención y abandono. Están solos para levantarse a reconstruir como puedan sus vidas, no pueden decir que confían en la justicia, ni siquiera para esperar que lo que han vivido no le ocurra a nadie más.
En el primer punto del documento de principios de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, podemos leer que sus integrantes demostrarán su solidaridad con sobrevivientes y familiares de víctimas «en la acción consistente y cotidiana a fin de contribuir a evitar más muertes, duelos y daños».
Entendemos que esas acciones deben atender tanto a los ya victimizados como a los que lo sean en el futuro, estableciendo prácticas que ayuden a resolver con respeto, rapidez y eficacia sus demandas por justicia. También, promoviendo medidas para el tratamiento adecuado de parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los momentos iniciales en los que los sobrevivientes y familiares acuden hacia ellos.
Urge que se generen mecanismos diligentes en el tratamiento respetuoso, empático y eficiente de los victimizados. Por ejemplo, formando grupos de asistencia integral en las morgues que faciliten la recepción de denuncias, los trámites que incidan en el manejo adecuado de los cuerpos de fallecidos y su digna sepultura.
Otra área de actuación debe enfocarse en la recuperación física y psicológica que ayude a los sobrevivientes y familiares de víctimas en sus esfuerzos por retomar un ritmo de vida saludable.
No existen mecanismos que garanticen el acceso a terapias de rehabilitación física, apoyo en el cuidado de convalecientes mientras mejoran, redes de acompañamiento psicológico o de actividades que coadyuven en el manejo adecuado de su duelo. Todas estas circunstancias hacen que los afectados deban hacer más esfuerzos para vivir dignamente, y en muchos casos les lleva a su agotamiento y resquebrajamiento moral.
La cooperación entre instancias del Estado y distintos actores en las comunidades y la sociedad civil organizada es una salida que ayudaría en un seguimiento más cercano y humano, donde, cuando y durante el tiempo que haga falta.
Finalmente, hay que atender la esfera socioeconómica. Podemos emular experiencias internacionales donde al darles incentivos económicos, los sobrevivientes y familiares de víctimas se convirtieron en generadores de medidas alternativas de inserción al proceso productivo de sus pares, contribuyeron activamente en el desarrollo integral de sus país, y además fomentaron procesos de reducción de la violencia armada basados en la prevención y el pleno respeto a los derechos humanos.
Todos los esfuerzos que se encaminen a disminuir la circulación de todas las armas, con la esperada disminución de muertes y lesiones, deben incluir medidas que se pueden y deben poner en marcha de la mano de las personas que más han padecido el impacto negativo de esos instrumentos de muerte y dolor.
