La reciente gira que realizara una delegación venezolana a la República Federativa de Brasil, permitió conocer de primera mano la experiencia que en dicho país desarrollaron y vienen impulsando actualmente para lograr un desarme efectivo de la población y reducir los índices de violencia. El intercambio con legisladores, autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales de cooperación en el tema, entre otros actores, dio luces importantes para el trabajo que se adelanta en Venezuela.

Datos interesantes recogidos en este viaje dan cuenta, por ejemplo, de que la tesis sobre la vinculación del mercado legal con el mercado ilegal de armas es cierta: 68% de las armas incautadas a la delincuencia en Brasil provenían del mercado legal pero habían sido hurtadas o robadas. De allí la importancia de que en la legislación del año 2003 (conocida como el Estatuto do Desarmamento) dan los brasileros al control del mercado de venta de armas a civiles.

Otro elemento importante en el que han avanzado en Brasil es el registro digital del armamento. Nuestros vecinos han creado dos sistemas de registro: el Sinarm (controlado por la Policía Federal), en donde se registran todas las armas en poder de población civil; y el Sigma (bajo control del ejército) para el registro de armas orgánicas de cuerpos policiales y otros entes de seguridad pública. Ambos sistemas están interconectados, favoreciendo así que exista un control más efectivo y evitando la dispersión a la hora de realizar investigaciones de carácter criminalístico.

La legislación sobre desarme en Brasil fue producto de estudios científicos bien consolidados y con alta participación de la sociedad civil. Definió con claridad una edad alta para poder adquirir armas, tipificó el tráfico y porte ilegal de manera que los cuerpos de seguridad contaran con base jurídica sólida para actuar en la incautación de armas, y concentró los procesos de autorización de compra, otorgamiento de porte y posesión de armas (dos figuras jurídicas distintas).

La implementación de la ley de desarme trajo como elementos positivos el descenso sostenido de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en un 18% a nivel nacional, y en ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro de 58% y 38% respectivamente. De igual manera, se produjo un alto número de destrucciones de armas incautadas (500 mil en la primera fase de la campaña) y se encareció el costo de las armas en el mercado ilegal por la poca oferta de las mismas.

No obstante, Brasil todavía enfrenta serios retos para el logro efectivo del desarme. Así lo manifestaron los entrevistados al enumerar problemas no resueltos, como el control de arsenales; la carga oportuna de información que remiten las policías al Sinarm; la ausencia del banco de datos balísticos; las dificultades de relación entre los órganos de control (militares y civiles), entre otros. Elementos todos que la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme está evaluando para la formulación de la política pública acá en Venezuela.

 

09.01.12  El Universal 

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