Mañana se cumplen 23 años de la masacre de El Amparo. Fue perpetrada por efectivos militares y policiales del “Comando Específico José Antonio Páez”, quienes en esos momentos presuntamente realizaban un operativo militar denominado “Anguila III”. Como consecuencia del ataque fueron asesinados 14 personas. Un hecho típico de lo que se conoce como “falso positivo” donde se quitó la vida a inocentes para aparentar una efectiva lucha contra la subversión en la frontera.
Por ausencia de justicia en el Poder Judicial del país, los familiares con el apoyo de Provea presentaron el caso en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El Estado de Venezuela, el 11 de enero de 1995, admitió su responsabilidad internacional por los hechos ocurridos Fue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego en la Corte Interamericana donde se pudo demostrar que lo que pretendió ser presentado como un enfrentamiento con guerrilleros realmente había sido una grave violación a los derechos humanos. En esas instancias internacionales que hoy pretende el gobierno desprestigiar fue como los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes obtuvieron un poco de justicia.
El 14 de septiembre de 1996, la Corte interamericana mediante sentencia ordena al Estado venezolano continuar las investigaciones de los hechos y sancionar a los responsables. El 29 de Enero de 2010. la Corte Interamericana en su función de supervisar el cumplimiento de sus decisiones convocó a gobierno venezolano y a la organización Provea a una audiencia en su sede en la ciudad de San José, Costa Rica.
En esa audiencia la Corte ordenó que el gobierno debería presentar a más tardar el 25 de junio de 2010 un cronograma con información puntual y clara sobre todas las gestiones que realizaría para investigar los hechos, identificar, y sancionar a los responsables; las posibles fechas de tales gestiones, y las instituciones o personas que las llevarían a cabo. El gobierno se comprometió a cumplir ese mandato.
Tras 16 meses de vencido el plazo dicho compromiso se continúa incumpliendo. Mientras tanto impera la impunidad y las víctimas esperan justicia.
Desde las altas esferas del gobierno y otras autoridades del Estado existe un doble discurso. Mientras se afirma condenar esta masacre y otras como la de Cantaura y Yumare, se protege a los asesinos. Varios de quienes participaron en la masacre han ocupado y ocupan cargos en el gobierno. La Fiscal General niega reunirse con las víctimas y no informa sobre las investigaciones que deben realizarse. Los archivos en poder de la Fuerza Armada y el Sebin no se desclasifican.
La Ley para sancionar los Crímenes, desapariciones, Torturas y Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998 debe empezar a materializarse entre otras formas cumpliendo el gobierno con la Sentencia de la Corte Interamericana sobre la masacre de El Amparo. Con hechos y no palabras se hace justicia.
