Son indignantes, SÍ, pero no una sorpresa los planes de exploración y explotación de minerales por parte del estado venezolano del área de 111 mil 846 kilómetros cuadrados denominada el Arco minero del Orinoco. Digo esto porque la disposición legal que se conoce como Ley Plan de la Patria: Segundo plan socialista de desarrollo económico 2013-2019 (LPP) está impregnada de una lógica extractivista que promueve la exploración y explotación de recursos naturales que se consideran estratégicos. En dicha ley, en la sección sobre Políticas y Programa del Sector Minería, se contempla “Impulsar los proyectos prospectivos y exploratorios a los fines de cuantificar los recursos minerales, con usos estratégicos, en los yacimientos identificados y potenciales.” (LPP, 2013, 28). Luego de certificados los yacimientos, se procedería a explotarlos de manera “racional y sustentable”.
Sabemos que lo de sustentable queda en retórica, como igualmente quedó el quinto objetivo de la nación contenido también en la Ley Plan de la Patria que pretendía “construir un modelo económico productivo ecosocialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza” (LPP, 2013,5). La extracción intensiva de recursos naturales no puede ser armónica con la naturaleza, dado que las características propias del proceso implican efectos negativos en los ecosistemas como la contaminación de ríos y destrucción de fauna y flora.
El extractivismo también está relacionado con violaciones de derechos humanos debido a la imposición de uso y apropiación por parte del Estado o empresas trasnacionales de territorios; el extractivismo involucra en la mayoría de los casos el desplazamiento forzado de las comunidades ubicadas en los territorios donde se van extraer los recursos, también se relaciona con asesinatos de lideres que se oponen a la destrucción de su espacio vital. Existen estudios (Villegas, 2014) basados en las estadísticas del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) que relacionan el aumento de los conflictos mineros en la región con la intensificación del modelo extractivo exportador. Asimismo, un informe que la organización no gubernamental internacional Global Witness (cuyo trabajo se enfoca en visibilizar la relación existente entre explotación de recursos naturales, conflictos armados, corrupción y violación de derechos humanos) publicó en el 2015 bajo el titulado How many more (¿Cuántos más?) muestra que en el año 2014 se produjeron 116 asesinatos de ambientalistas en 17 países, de los cuales 87 ocurrieron en Latinoamérica y destaca que “las disputas por la propiedad, el control y el uso de la tierra fueron el trasfondo de casi todas estas muertes” (Global Witness, 2015, 4).
Pero la guindilla de la torta con respecto a los planes de explotación del Arco minero del Orinoco, es que se haya suscrito un acuerdo entre el gobierno venezolano y la empresa minera canadiense Gold Reserve. Este acuerdo le confiere a la empresa un 45% de participación en el mega proyecto extractivo. Ahora, esta empresa tiene historia en Venezuela, recordemos que el 14 de abril de 2008 el Gobierno Bolivariano de Venezuela revocó a esta empresa la autorización para explotar yacimientos oro en aras de recuperar el control de la industria minera nacional. En 2010 la empresa canadiense introdujo una demanda al CIADI y en 2014 el Tribunal Arbitral del CIADI falló a favor de Gold Reserve, estableciendo que Venezuela debía efectuar el pago de 740,3 millones de dólares a la empresa por la expropiación de su participación en dos grandes proyectos auríferos en Venezuela. Ahora, ¿qué se esconde detrás de estos nuevos proyectos de explotación en conjunto con Gold Reserve? Tal vez un gobierno insolvente que claudica a su soberanía para poder pagar a sus acreedores.
Se denomina neoextractivismo al tipo de extractivismo que llevaron a cabo los gobiernos denominados progresistas en Latinoamérica, esto en un contexto económico caracterizado por altos precios de las materias primas en el mercado mundial (Gudynas, 2013). Actualmente los altos precios han cesado y nos encontramos en una situación político-económica regional diferente, en la cual paulatinamente los denominados gobiernos progresistas van perdiendo el poder político. Esta nueva situación al parecer ha originado un neoextractivismo claudicante, en el sentido que los gobiernos que antes tenían un claro discurso anticapitalista y antiimperialista, pero que ahora no cuentan con recursos para pagar sus deudas, van a terminar incorporando nuevamente a empresas extranjeras en la actividad extractiva.
Preparémonos pues, con la explotación del Arco minero del Orinoco, al ecocidio que se aproxima y a la vulneración de los derechos de los habitantes que decidan luchar por su territorio, en el marco de esta nueva fase del ya viejo saqueo de la naturaleza en este continente.
