Faltan tan solo 21 días para que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas evalúe
a Estado venezolano de manera integral en cuanto a la situación de los derechos en el país.
Dicha evaluación se conoce como Examen Periódico Universal. Es periódico porque se realiza
cada cuatro años y es universal porque todos los países son sometidos a revisión sobre el
grado de cumplimiento de sus obligaciones para garantizar una vida dignidad a su población.
En materia de salud el gobierno tiene ciertamente algunas políticas positivas que presentar.
Entre ellas la atención primaria de salud a familias pobres a través de la Misión Barrio Adentro
en sus distintos niveles. La reducción de la tasa de mortalidad infantil y neonatal y mejora en la
esperanza de vida al nacer.
Ahora bien, basándonos en cifras oficiales del Sistema Integrado de Indicadores Sociales y
en investigaciones independientes hay problemas estructurales preocupantes en cuanto a
la salud pública. Según el SISOV la inversión pública en salud como porcentaje del Producto
Interno Bruto bajó de 4,47 en el 2007 a 2,48 en el 2010. La tasa de mortalidad materna
se incrementó en comparación a 1999. Enfermedades como el dengue se duplicaron
en comparación a 1998 y los casos de tuberculosis prácticamente no se han reducido en
comparación a esa misma fecha.
Si analizamos la situación de los centros públicos de salud tradicionales compuesta por 211
hospitales encontramos una crisis generalizada. Falta de insumos, déficit de personal medico
y de enfermería. En muchos hospitales públicos se iniciaron obras de reparación en 2007 y
cuatro años después no han culminado afectando la prestación de servicios. La situación grave
de infraestructura que viene denunciando el personal del sector salud obligó al gobierno el
pasado miércoles 14 a crear una mesa de trabajo conjunta con los gremios para encontrar
salidas a la crisis. Saludamos la iniciativa de diálogo porque si por esa vía se mejora la situación
existente, saldrá beneficiada la población principalmente los sectores más pobres.
A pesar de esa crisis el gobierno se empeña en seguir centralizando el control de los hospitales.
La reciente intervención realizada al hospital José María Vargas en el estado Táchira además
de ser inconstitucional no es garantía de mejora en el servicio público. La ineficiencia mostrada
por el gobierno nacional en la gestión de los hospitales es un indicador para no ser optimistas
en cuanto a los resultados de dicha intervención.
No tiene el gobierno una política coherente y constante en materia de prevención en
materia de salud. Se desarrollan una serie de políticas y medidas aisladas, muchas de ellas
sin continuidad y sin planificación de largo plazo. Ni siquiera para un sector vulnerable de la
población como lo son los pueblos indígenas se es capaz de desarrollar una política integral
que tenga impactos positivos
En Definitiva, existe un importante déficit en la garantía del derecho a la salud de la población
venezolana.
Marino Alvarado Betancourt
Coordinador General de Provea.
Viernes 16.09.2011
