Todos estos nombres de lugares ubicados en el territorio nacional evocan masacres cometidas durante la década de los ochenta del siglo pasado. En todos los casos la impunidad impera.
Frente a las victimas, los pocos sobrevivientes y a la familia de las víctimas, el Estado venezolano tiene la deuda inmensa de hacer justicia, investigando y sancionado a los responsables. En todos los casos la muerte fue ideada y perpetrada por funcionarios militares y policiales venezolanos.
Después de Cantaura en 1983 vino Yumare en 1986. Una y otra masacres atravesaron la geografia nacional porque la primera fue en el Oriente del pais y la segunda en el estado Yaracuy. Pocos años mediaron entre una y otra, pero de ambas pervive su recuerdo incólume en la memoria de quienes conocimos a muchas de las personas que allí fallecieron. Para quienes además abrazamos con pasión la causa que les animó a la lucha, parece como si no ha pasado el tiempo y escuchamos la risa o vemos la mirada de algunas de las personas que conocimos, pero que murieron en estos tristes episodios.
No es un secreto que en aquellos años de represión y persecución, algo parecido a lo que se vive actualmente, estuvimos en esas lides callejeras. Isabel, Romero, Castellanos, amigos victimizados en Cantaura y en Yumare. Artistas, poetas, dirigentes estudiantiles y sindicalistas del transporte…
Del caso de El Amparo, masacre perpetrada en 1988, es decir, hace 27 años y en el estado Apure, conocimos a Wolmer Pinilla y a Augusto Arias después que fueron doblemente victimizados por el Estado. Doble porque milagrosamente se salvaron de la muerte y allí hay un primer atentado a su vida cuyos responsables no han sido sancionados. Y porque además se les encarceló pretendiendo el Estado forjar un expediente por rebelión militar para justificar lo injustificable: la violación al derecho a la vida. Pudiera decirse que hasta mayor es la victimización cada año que pasa, pues esperan una justicia que sigue en mora luego de haber asumido ellos con valentía la denuncia del crimen contra sus hermanos.
Una, dos, tres marchas o más protagonizó el estudiantado venezolano clamando por justicia desde 1988. Movilizaciones a las que se sumaron trabajadores, trabajadoras y organizaciones sociales y populares de un variopinto origen y objetivo. La demanda era la misma: no a la impunidad! Se exigia y se exige sanción a los responsables del asesinato de aquellos humildes campesinos de El Amparo, que fueron una más de las tantas farsas y montajes del gobierno de turno, para reprimir al pueblo.
PROVEA estuvo y está llevando desde entonces el caso de El Amparo y tras 27 años de bregar por la justicia, se cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que sanciona al Estado y le ordenó investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del hecho, así como a indemnizar material y moralmente a las víctimas y a sus familiares.
Hace 2 años conocí a algunas de las madres y esposas de los campesinos asesinados en El Amparo. Gente pobre. Gente humilde. Gente digna y valiente que sigue sosteniendo el mismo grito desde 1988. No a la impunidad!
Señores del Ministerio Público y miembros de la Comisión de la Verdad: cumplan su trabajo. No hay palabras que describan la impunidad! 27 años es mucho, es demasiado tiempo.
