Una Venezuela llena de incertidumbres inició su tránsito por el 2015. Entre sus signos económicos está la baja en los precios del petróleo y un salario real devenido en sal y agua por la inflación, cercana al 103% de 1996. Además, una escasez encabezada por alimentos básicos y medicinas, calificada como la más alta en los últimos 5 años.
Desde el 30 de diciembre pasado y hasta después del abrazo del cañonazo, el país quedó en ascuas sobre “un nuevo sistema cambiario” aludido por el Presidente de la República en su última rueda de prensa de 2014.
No se avizoran respuestas favorables a las denuncias de incumplimiento laboral hechas por la dirigencia sindical, especialmente del sector público. Regresamos a la época en que representantes de la población adulta mayor exigía en la calle, respeto a sus derechos. Pero hoy hay hombres y mujeres sindicalistas en la cárcel y es justificado el temor a perder conquistas.
Paradójicamente, cuando el Presidente Maduro trabajó en la C.A. Metro de Caracas y exigió sus legítimos derechos sindicales, enfrentando las pretensiones de despedirle, no fue encarcelado. Después, siendo parte del equipo del entonces candidato presidencial Hugo Chávez, se opuso a la ley habilitante que se impulsaba en el extinto Congreso, sin ser criminalizado como conspirador.
Nos consta que la dirigencia sindical no oficialista en SITRAMECA, SNTP, CUTV, SUONTRAT, se opuso a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en 1997 y no sufrió persecución judicial. Y aunque del torrente de luchas populares de aquellos años, muchas fueron reprimidas bajo una lluvia de perdigones y balas, se lograron reivindicaciones.
Esos pasajes de la trayectoria del Presidente Maduro, que conocemos en detalle porque venimos de la lucha sindical tribunalicia, no son coherentes con su actual desempeño en la máxima magistratura del país.
Cuando luchamos contra el paquete impuesto en la última década del siglo XX, junto a eléctricos, bomberos, controladores aéreos, maestros, telefónicos, “viejitos”, docentes y estudiantes universitarios, no imaginamos exigir justicia ante las nefastas políticas económicas y laborales de un gobernante que dice defender la clase trabajadora y viola la libertad sindical. Cosas veredes, Sancho.
(*) Coordinadora de Exigibilidad de Provea
