Esta semana varias han sido las manifestaciones de sectores diversos exigiendo derechos. Desde hace algunos años esa es la constante en el país, pues el Estado incumple sus obligaciones constitucionales de garantizar el acceso a los derechos fundamentales. Desde el agua, pasando por electricidad, comida y respeto a los derechos laborales, representan el clamor de la gente que puebla el territorio nacional.
A ello se suma el reclamo por el respeto a las libertades democráticas consagradas constitucionalmente y que hasta hace pocos años se consideraban como consolidadas en Venezuela. Hace unos 15 años la población solicitaba la profundización y el perfeccionamiento de los mecanismos legalmente establecidos para mejorar el acceso a estos derechos. Pero actualmente las demandas están en el orden de hacer respetar la letra de la carta magna, incluso por vía judicial, como en el caso del derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la sindicalización y la libertad de expresión e información.
Protestas por falta de agua en varias regiones traen como resultado la legítima obstrucción de las vías públicas para demandar la atención de las autoridades competentes. Las fallas en el suministro de la energía eléctrica o “apagones” –como popularmente se les conoce-, son cada vez más frecuentes y se extienden a grandes zonas del país paralizando todo tipo de actividad por muchas horas. Ello también genera la justificada protesta popular.
La exigencia por contratos colectivos justos hoy unifica a tanto a los obreros y obreras del sector automotriz en Carabobo, incluyendo la lucha por el derecho al trabajo, como a las personas que con una profunda mística y vocación social se dedican a la docencia universitaria. La falta de discusión de condiciones colectivas de trabajo sigue abarcando como realidad indiscutible a los empleados de la administración pública nacional y entes descentralizados, al igual que al sector judicial. No obstante, muchos gremios y sindicatos en todo el país, están bregando por defender sus derechos adquiridos, mientras el conflicto laboral universitario tiene visos de complejizarse por la intransigencia gubernamental.
En el caso de la industria petrolera, el vencimiento de la convención colectiva el 1º de octubre de 2015 abre el camino para el desarrollo de un importante proceso de luchas laborales en uno de los sectores que evidencia, junto con las empresas básicas venezolanas, los mayores retrocesos en materia de condiciones y medio ambiente laboral, además de graves restricciones de índole económica y social.
A la puesta en práctica de viejas políticas represivas –ahora llamadas por sus siglas como OLP-, que son totalmente lesivas a los derechos humanos por ser instrumentadas por los cuerpos de seguridad del Estado, se le ha enfrentado mediante la denuncia de las personas agredidas y visibilización nacional e internacional de las violaciones perpetradas. Ello como expresión de una actitud popular de respuesta ante lo que pareciera no tener freno por parte del Estado y que se materializa en la vigencia de una política que está al margen de los convenios, pactos y tratados internacionales.
En muchas regiones del país ha ido creciendo una voz que evidencia la situación crítica que poseen los derechos humanos. Estas manifestaciones se producen, a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional por silenciar la protesta pacífica y reducir las libertades democráticas. La defensa de los derechos humanos prosigue aún en el marco de una caótica política económica que ha convertido en pobres a la mayoría de los habitantes de Venezuela.
Es hora de detener la represión Señor Presidente: el pueblo va a seguir defendiendo sus derechos constitucionales y Provea y las organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos seguiremos acompañándole en cumplimiento de nuestro mandato. Corresponde a su gobierno rectificar en esta materia.
