Quién sabe durante cuánto tiempo haremos colas de varias horas para acceder a nuestros derechos. No se vislumbran soluciones estructurales al desabastecimiento, pues deriva de una economía de puertos en crisis, unida a la errada política cambiaria, la corrupción y un precario aparato productivo nacional.
Lo insólito es que instituciones como la Defensoría del Pueblo, que debe velar por el disfrute de derechos fundamentales limitados en su acceso a causa de la situación económica nacional, sugiera que la población acuda a los centros o establecimientos de distribución de comida por número de cédula. Otro tanto hacen los cuerpos represivos atacando a quien hace cola.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación adecuada y la mejora continua de las condiciones de existencia. El Pidesc fue adoptado por Venezuela en 1969 y ratificado en 1978. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, creado en 1985 por Naciones Unidas, estableció en el párrafo 4° de la Observación General N° 12 sobre el derecho a la alimentación, que este “… está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por todos”.
Es absurdo que el Ministerio Público, el Poder Judicial, la GNB o la PNB impidan manifestaciones pacíficas en las colas para comprar comida. Hacer cola y de paso, en silencio, sin expresar la razonable molestia que ello causa, son condiciones impuestas por una institucionalidad a espaldas de la lucha contra la pobreza.
Privar a la gente de su libertad por manifestar en una cola de estas, enjuiciarla penalmente e imponerle regímenes de presentación, es una práctica inconstitucional, desproporcionada y profundamente injusta.
Quizá mañana, para comprar pan o medicinas, el Estado nos clasifique por color de piel, nacionalidad o estatura corporal. Mientras la Crbv hace cola, no se altere, no hable, no tome fotos, no escriba y no piense. Haga su cola.
(*) Coordinadora de Exigibilidad de Provea
@espehermida