“Yo me salvé porque no quise ir”, nos dijo Esteban, poblador de El Amparo, el pasado 29 de octubre, conversando con integrantes del Equipo de Provea.
Estuvimos en el 25º aniversario del crimen perpetrado por funcionarios policiales y militares del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), en 1988. Recordamos con familiares y sobrevivientes que una mentira hizo circular el gobierno para justificarse: enfrentamiento con guerrilleros…
Pero la verdad era otra y pocos días después, salió a relucir.
Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, sobrevivientes a la masacre, tuvieron y han tenido la valentía y la perseverancia para contarla, sostenerla, ayudar a investigarla y la fuerza moral para mantenerse en la lucha porque se haga justicia en el caso.
Con justa e indiscutible razón sobrevivientes y familiares de las víctimas de El Amparo, exigen al gobierno nacional el enjuiciamiento imparcial de los responsables y su encarcelamiento.
En su mayoría mujeres, y a pesar de las situaciones penosas vividas durante estos 25 años, no desmayan en su afán porque se imponga la verdad, se limpie el nombre y se honre la memoria de su gente asesinada.
La verdad es que se perpetró una matanza durante la operación “Anguila III”, cuyas víctimas fueron 16 seres humanos, incluyendo a Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, que quedaron con vida.
Sucedió en el caño La Colorada en el río Arauca, muy cerca de El Amparo, Municipio Páez, estado Apure, en la frontera con Colombia.
El asesinato fue coordinado por los jefes del CEJAP: General Humberto Camejo Arias, Coronel Enrique Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, Henry López Sisco.
La verdad es que casi todas las víctimas eran de nacionalidad venezolana, pescadores y sin antecedentes judiciales. Wolmer Pinilla tenía 26 años recién cumplidos. José Augusto Arias, 35 años de edad.
Muchos de los muertos eran padres de familia. La viuda de Luis Alfredo Berríos, tenía siete hijos y seis meses de embarazo, cuando mataron a su esposo.
Su hija menor nació en febrero de 1989… Rosa, viuda de José Rigoberto Araujo, fue perseguida por el ejército venezolano luego de la masacre, y se mudó a Arauca, Colombia, llevándose a sus cinco hijos.
Moira, hija de José Indalecio Guerrero, dice que la indemnización económica con que fueron resarcidos parcialmente los daños causados por funcionarios del Estado venezolano, a pesar de representar un triunfo de la actuación de Provea ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH), no es suficiente y exige justicia.
Noria Modesta López, viuda de Pedro Indalecio Mosqueda, clama por “ver presos a los asesinos”.
La impunidad cubre con su manto este crimen. Por ello, Provea demanda al Estado venezolano: 1.- Cumplir el mandato de la CorteIDH que le obliga a elaborar un cronograma detallado de las gestiones para investigar los hechos; identificar, y en su caso, sancionar a los responsables. 2.- En cumplimiento de la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, que el Ministerio Público investigue al ciudadano Ramón Rodríguez Chacín como presunto autor intelectual. 3.- Que la Fiscal General de la República responda a la solicitud realizada en agosto de 2009; ratificada en febrero del 2013, de reunirse con los familiares de las víctimas y con los dos sobrevivientes, para responder a sus demandas de acceso a la justicia.
A la fecha, ninguno de los acusados han sido detenidos, al contrario, hoy gozan de plena libertad y algunos ocupan altos cargos públicos.
