La anunciada decisión de un funcionario de la AN de adelantar la jubilación a Magistrados del TSJ cuyo período vence en 2016, contrasta con la negativa gubernamental a cumplir su deber de pensionar a miles de personas que tienen derecho a una vejez digna.
La velocidad del PSUV para procesar esta jugada de ajedrez como partido mayoritario en la AN, revela su interés por mantener el control sobre el Poder Judicial ante un potencial resultado no favorable en las próximas elecciones parlamentarias del 6-D. Como conocemos, la vocación hegemónica es usual en un gobierno que no garantiza la independencia de los poderes públicos ni la transparencia en su gestión, que no permite ejercer la contraloría social, incumple reiteradamente estándares internacionales en materia de investigación a las transgresiones en el cumplimiento de derechos humanos, sanción a la corrupción y que por lo anunciado respecto al TSJ, se prepara para violar lo previsto en el artículo 264 de la CRBV.
Pero además, el anuncio hecho demuestra el profundo desprecio del gobierno por la gente más pobre y que requiere recursos económicos para subsistir dignamente en la vejez. Veamos seguidamente en qué sustentamos esta afirmación.
Fuentes allegadas a Provea informan que con el equivalente al monto para cancelar la jubilación de cualquier Magistrado del TSJ con el sueldo promedio de este cargo, se pueden financiar unas 10 pensiones de vejez a razón de un salario mínimo cada una. Aparentemente las candidaturas a jubilables del TSJ en 2016 son 5, lo que puede significar una inversión que fácilmente permitiría pensionar por vejez, según la ley del IVSS, a al menos 50 de las personas que tienen años esperando acceder este derecho.
Más allá de una comparacion monetaria entre la jubilación de un magistrado o magistrada del TSJ y la pensión de un trabajador o trabajadora regido por la Ley del IVSS, lo cierto es que el solo anuncio de jubilar anticipadamente a esos altos funcionarios judiciales se erige en una nueva burla hacia las miles de personas que llevan años esperando su pensión de vejez, ya que el Estado les niega por la vía de los hechos el disfrute de sus derechos a pesar que han cumplido los requisitos establecidos: número de cotizaciones y edad.
Provea y el Comité de Pensionados del IVSS lo han denunciado de forma insistente. Tanto en el capítulo sobre seguridad social del informe anual de Provea, como en la demanda judicial introducida el pasado 29/09/2015 por 33 víctimas de esta política del Estado, acción acompañada también por Provea, se exponen en detalle los mecanismos utilizados para impedir el acceso de la población trabajadora a este derecho humano.
El método dilatorio del IVSS implica desconocer las 750 cotizaciones aportadas por personas que laboraron en empresas actualmente desaparecidas, o en empresas que están insolventes con el IVSS, como si estos hechos fuesen responsabilidad de los trabajadores o trabajadoras que aspiran disfrutar de su merecida pensión. Otra maniobra evasiva del Estado es desconocer la cotización hecha a través del servicio laboral prestado en organismos de la administración pública nacional, entes descentralizados o con autonomía funcional, gobernaciones y alcaldías. Especialmente destaca el caso del Ministerio de Educación donde hay múltiples situaciones de personas a quienes se les excluye del otorgamiento de la pensión de vejez.
Lo relativamente novedoso del abuso del gobierno, es el uso de la jubilación adelantada para prolongar desde ya el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Nunca como hasta ahora se habia jubilado Magistrados con casi un año de anticipación al nacimiento de su derecho.
Pero tampoco habíamos presenciado la enorme burla que esta anunciada actuación representa frente a la gente que debe recurrir a ese mismo Poder Judicial ante la indolencia del IVSS, aunque tienen indiscutiblemente su derecho a la pensión pues cumplieron, repetimos, su tiempo de servicios traducido en cotizaciones efectivamente realizadas y su edad reglamentaria.
(*) Coordinadora de Exigibilidad de Provea
